ALICANTE. La nueva contrata del servicio de transporte público en autobús de la ciudad de Alicante se hará esperar. El proceso administrativo para que se pueda incorporar el futuro concesionario no quedará completado hasta dentro de un año. Ese es, al menos, el plazo que sopesa el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, según admitió este viernes el edil de Transportes, Manuel Villar (PP), en la presentación de la prueba sobre el funcionamiento de un primer autobús 100% eléctrico en la red municipal.

De hecho, la licitación no podrá convocarse hasta dentro de un plazo aproximado de un mes y medio, en cuanto se resuelvan los 34 documentos de alegaciones presentadas por particulares, asociaciones y grupos políticos a la propuesta de Proyecto de Servicio Público (PSP) planteada por los técnicos municipales, tras el trabajo de asistencia técnica externa elaborado por Ingartek Consulting y Broseta Abogados.

Villar concretó que el plazo para la presentación de las alegaciones se cerró el 4 de mayo y que ya están en estudio para su resolución, lo que permitirá asumir o rechazar los planteamientos que en ellas se formulen. Entre ellas, se plantea que se apueste por un nuevo modelo de líneas circulares, en lugar de por el mantenimiento de la estructura radial y concéntrica actual, para mejorar el alcance del servicio. Así, se prevé que el pliego de condiciones definitivo (con los posibles ajustes que corresponda introducir) pueda completarse y licitarse entre finales de junio y principios de julio. 

"Queremos que entre este mes y el que viene estén resueltas las alegaciones y, a partir de ahí, la licitación", apuntó. Eso sí, entre el periodo previsto para la presentación de ofertas (el concurso debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que amplía ese plazo) y los posibles recursos que se augura que podrían presentarse, se calcula que no habrá adjudicación "hasta dentro de un año aproximadamente", pese a que se había llegado a apuntar que se podría disponer de un nuevo contratista en el arranque de 2022.

¿La consecuencia? Que, como mínimo, el bipartito deberá conceder a Masatusa -la empresa concesionaria actual, que viene asumiendo el servicio desde hace 52 años- una nueva prórroga por otro año adicional para que siga garantizándose la prestación mientras se formaliza la nueva contratación. Hasta el momento, según Villar, se sigue estudiando cuál es la fórmula jurídica adecuada para procurar esa continuidad, después de que, en 2019, ya se concediese una prórroga extraordinaria por dos años de duración que vence este mes de julio.