ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante opta por agotar todas las posibilidades y presentará recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para tratar de frenar la instalación de la planta de almacenaje de combustibles con seis primeros depósitos proyectada por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya reconocido el derecho de la compañía a la obtención de licencia por silencio administrativo positivo. 

El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha cerrado ya el proceso de análisis de las opciones que podría tener ese recurso, en coordinación con los letrados de la Asesoría Jurídica municipal, y ha optado por jugar la carta de la casación en base a los argumentos que ya se contemplaron en el escrito de solicitud de aclaración de sentencia que se presentó ante el TSJ. 

En ese trámite -que no consiguió el propósito perseguido, puesto que el TSJ denegó la aclaración solicitada- el ayuntamiento ya esgrimió que no podía aplicarse el principio del silencio administrativo (la demora de la administración en pronunciarse sobre la petición de licencia) para conceder permiso a un proyecto que permanecía incompleto, en la medida en que su promotora no había aportado toda la documentación necesaria para que pudiera ser evaluado.

El recurso de casación, que -según fuentes municipales- se registrará este miércoles, 3 de julio, abundará en ese extremo para incidir en que existen diversas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) en las que se confirma esa posición en supuestos similares al del proyecto de XC Business. Así, el ayuntamiento tratará de hacer valer que la compañía no completó la última información que se le había requerido en 2021 -cuando se le denegó el permiso por el trámite del silencio administrativo- hasta finales de 2023.