ALICANTE. La propuesta de actualización de la tasa de la basura promovida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), para cumplir con el mandato legal y equiparar la recaudación a los costes reales del servicio, prevé que los ingresos por el cobro de los recibos se eleve por encima de los 25,7 millones (25.767,058,57 euros) que conlleva la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, según el informe económico que acompaña la propuesta.
A la postre, esa actualización de la tasa supondrá que la caja municipal reciba unos ingresos nuevos de cerca de 16 millones (15.997.920,18 euros) en costes que hasta ahora quedaban cubiertos con cargo a los presupuestos municipales en detrimento de otros gastos, y que ahora se obtendrán de forma íntegra (sin necesidad de recurrir a recursos adicionales) gracias al incremento de las cuantías de los recibos a abonar por la ciudadanía y por los titulares de actividades económicas, con supuestos en los que se puede llegar a cuadruplicar el importe que se venía abonando hasta ahora.
Por partes. El coste global de 25 millones calculado para la prestación del servicio se reparte entre los más de 16 millones (16.031.384,95 euros) derivados de las acciones relacionadas con la recogida y transporte de residuos, y los más de 9,7 (9.735,673,62 euros) que conlleva su tratamiento, para un volumen global de 145.620,21 toneladas anuales que se reciben en la planta municipal de Fontcalent.
La nueva ordenanza fiscal planteada por los populares, con el propósito de que pueda entrar en vigor en enero de 2025, dirime el reparto de esos costes a partir de los principios de equivalencia "y de capacidad económica" recogidos en el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelo contaminados para una economía circular. Para ello, se habría optado por distribuir ese importe global de 25 millones entre un volumen de población estimada de 413.584 personas entre usuarios empadronados y no empadronados.
De este modo, solo por lo que respecta al gasto de tratamiento de residuos, se consideraría que el total repercutible a los hogares asciende a 8.010.683,06 de euros, lo que supondría un coste de tratamiento por persona de 19,37 euros. A partir de ahí, se aplicaría esa cuantía por cada persona que se calcula que podría residir en cada domicilio, en función de su tamaño en metros cuadrados: hasta 60 metros, se estima una media de 1,74 personas; de 61 a 90 metros, se calcula 2,13 personas, y de más de 90 metros, se precisa una proporción de 2,27 personas.
Por su parte, el coste de recogida, cifrado en 13.190.904,79 euros, se plantea distribuir entre el número total de hogares que se cifra en 191.285 unidades. Así, la propia memoria apunta que "si se aplicara una distribución lineal la cuota de servicio de recogida sería de 68,96€/vivienda". No obstante, aquí se introduce el criterio de capacidad económica al incorporar a la ecuación el valor catastral de cada inmueble a modo de indicador objetivo. De este modo, el estudio económico señala que se habría optado por dividir "el valor catastral" de cada inmueble "entre los metros cuadrados construidos del mismo, de tal suerte que, con independencia del tamaño de la vivienda se tenga en cuenta el valor m2 construido, como parámetro patrimonial vinculado con la capacidad económica manifestada".
A partir de ahí, se apuesta por considerar una clasificación en cuatro grupos: "viviendas con un valor metro cuadrado construido de hasta 300 €, de 301 a 400 €, de 401 a 500€ y de más de 500€". Esos grupos se clasifican a su vez en función de los metros de la vivienda, con lo que, en último término, se extrae una tabla de distribución por lo que respecta a los hogares con los importes reflejados en la siguiente tabla, ya anticipada por este diario.
