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sin restricciones en el centro pese a la recomendación de los técnicos de tráfico

Alicante limitará la ZBE al Casco Antiguo sujeta a adaptaciones y descarta moratorias

  • Las señales informativas sobre la restricción de acceso al Casco Antiguo de Alicante.

ALICANTE. Las restricciones a la circulación de vehículos previstas en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante quedarán constreñidas única y exclusivamente al perímetro de calles que conforman el Casco Antiguo. Esa regulación queda sujeta, eso sí, a posibles adaptaciones en el futuro, en el caso de que se considere necesario, ya sea porque se produzca un cambio en las determinaciones que pueda acordar el Gobierno central o la Unión Europea, o porque concurran circunstancias que motiven a extender esas restricciones a un ámbito más amplio, como la hipótesis de que pueda percibirse la superación de índices de contaminación que lo requieran (un supuesto que, según mantiene el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), no se registre en la actualidad). De ahí que, en el informe de resolución de enmiendas que -salvo modificación improbable- se prevé someter a debate y votación en la comisión de Presidencia, este lunes, se proponga la incorporación de un régimen de revisión cuatrienal, al aceptar la enmienda formulada por el grupo municipal del PSOE en ese sentido.

Así lo ha refrendado este viernes el alcalde, el popular Luis Barcala, tras participar en el acto de presentación del II ATP Challenger Montemar, en una comparecencia en la que ha descartado la posibilidad de que el ámbito de aplicación de las limitaciones de acceso a los vehículos pueda extenderse hasta el conjunto del Centro Tradicional, a pesar de la existencia de un informe de recomendaciones elaborado por los técnicos del departamento municipal de Tráfico (que forma parte del expediente para la aprobación de la norma) en el que se propone esa medida de forma expresa

"A juicio de los técnicos del Departamento Técnico de Tráfico, el modelo a seguir en la regulación del acceso a la ZBE Anillo Centro Tradicional, debe ser el existente en el Casco Antiguo", apunta ese informe, fechado el pasado 17 de enero. Es más, al tiempo, se sugiere la posibilidad de que se aplique un periodo de adaptación sin que se impongan sanciones para que la ciudadanía pueda amoldarse a las nuevas condiciones en ese segundo anillo configurado en torno al Centro Tradicional. En concreto, se recomienda que ese periodo de transición tenga una duración de dos años

No obstante, Barcala ha rechazado este viernes tanto la extensión de las restricciones, como la posibilidad de que se implante toda hipotética moratoria. En primer término, sobre el informe técnico, ha señalado que no se habría tenido en cuenta al imponerse una decisión de carácter político a la vista del conjunto de aportaciones que se habrían formulado en otros dictámenes. "Los informes son herramientas para tomar decisiones, y en base a los distintos y muy diferentes criterios que distintos informes pueden aportar, el equipo de gobierno toma una decisión, y la decisión está plasmada en la propuesta que hemos presentado", ha argumentado. "Lo que hacemos es cumplir con la normativa europea y la trasposición a la española", ha defendido. 

"Bien entendido que la ciudad de Alicante, y eso es un hecho constatado, no tiene un problema endémico de contaminación de ningún tipo, ni por gases derivados de la combustión de motores, ni por micropartículas, salvo en por polvo sahariano", ha abundado. Así, ha justificado que se haya promovido un modelo adaptado a las condiciones locales. "En esas circunstancias, el objetivo a cumplir tiene que estar adaptado a las circunstancias específicas de cada población; no sirve un café para todos y lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a las circunstancias de Alicante, y estamos adoptando muchísimas medidas que contribuyen a evitar la saturación por contaminación y que contribuyen a disminuir la huella de carbono", ha recalcado. 

De este modo, la redacción de la ordenanza seguirá ajustada a las condiciones fijadas en el pacto alcanzado con el grupo municipal de Vox seis días antes de la emisión del informe; un pacto en el que se garantizaba el respaldo de los voxistas a los presupuestos de 2024 con la condición -entre otros puntos- de que la regulación de la ZBE no incluyera nuevas restricciones ni multas.

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