ALICANTE. El futuro del transporte público en autobús de Alicante entra en su fase de tramitación administrativa con el propósito de que su prestación pueda licitarse por primera vez después de 52 años. El bipartito compuesto por PP y Cs acaba de presentar el proyecto de servicio público (ya debatido con las entidades sociales en la Mesa de Transporte) para que pueda ser informado por los técnicos de la Oficina Presupuestaria con el fin de que confirmen que el coste de la nueva planificación de líneas tiene encaje en la contabilidad municipal. O que, en su defecto, planteen el mecanismo necesario para que pueda tenerlo, ya que no está contemplado en el presupuesto trazado para 2021, ahora en fase de exposición pública tras su aprobación inicial.
Hasta ahora, no ha trascendido el precio estimado que podría tener el nuevo contrato con el que se dará cobertura a uno de los servicios públicos que representan un mayor coste para el ayuntamiento junto al servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. Por el momento, solo se da por hecho cuál será su duración: diez años más dos posibles prórrogas de un año cada una. Eso sí, todo parece indicar que, sea cual sea su coste definitivo, va a ser superior al que se viene asumiendo en la actualidad -con un gasto anual que supera los 11 millones de euros-, en la medida en que se da cabida a la creación de nuevas líneas o al refuerzo de las ya existentes, que se han incorporado a la propuesta de proyecto de servicio público como mejoras.
Entre ellas, figuran el enlace con los polígonos de Las Atalayas y Pla de la Vallonga; una nueva conexión con Playa de San Juan que amplíe su recorrido hasta el Hospital Universitario; la puesta en marcha de las lanzaderas para desplazarse hasta el Castillo de Santa Bárbara y la implantación del servicio de taxi a demanda para mejorar los desplazamientos entre el casco urbano y las partidas rurales. Además, también se incluyen las mejoras en frecuencias y en recorridos de varias líneas planificadas desde hace cerca de dos años y que no se han podido activar al no superar el filtro del departamento de Intervención, puesto que suponían un coste adicional de 1,2 millones.
Cuando se disponga del informe de la Oficina Presupuestaria, la propuesta quedará en manos de Intervención y, después, se elevará a Junta de Gobierno para que pueda permanecer en exposición pública durante un plazo de entre 20 y 30 días. Una vez que se resuelvan las alegaciones que pudiesen haberse presentado, el expediente pasará a Contratación hasta que se apruebe la convocatoria del concurso, en el que se requiere su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Fuentes municipales consultadas indicaron que los plazos requeridos para que se cumplimenten todas esas etapas de tramitación tendrán una consecuencia inevitable: que el servicio no pueda tener un nuevo concesionario antes de que venza la prórroga extraordinaria de dos años de duración concedida por el actual equipo de gobierno en julio de 2019.
