ALICANTE. El proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Centro de Alicante para reducir los niveles de contaminación, en cumplimiento de la normativa emanada del Gobierno central y de la Unión Europea, no solo conllevará la reurbanización de algunos de los principales viales que circundan el casco histórico de la ciudad para ampliar aceras y calmar la velocidad de la circulación, como está previsto en el eje formado por Doctor Gadea, Federico Soto y General Marvá o en el Paseo de los Mártires de la Libertad. También conllevará la instalación de dos redes de sensores y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrículas, que se distribuirán sobre el trazado de la Gran Vía y sobre el perímetro de Alfonso el Sabio y Doctor Gadea, para controlar y restringir el acceso de vehículos contaminantes con el propósito de llegar a reducir hasta un 20% el tráfico rodado actual en el distrito Centro.

El sistema trazado por el Ayuntamiento de Alicante comprende la instalación de esos puntos de rastreo y monitorización en las bocas de las calles de acceso al Centro en esos dos anillos, que captarán información sobre el movimiento de vehículos y la trasladarán a la Sala de Control de Tráfico para regular la aplicación de posibles restricciones de entrada en el supuesto de que resulte necesario. En el caso del anillo concebido sobre el borde de la Gran Vía, se plantea la instalación de hasta 51 puntos de control de entrada y salida a lo largo del arco comprendido entre la calle México, la avenida de Dénia y el frente litoral. Por su parte, en el caso del anillo previsto en torno a Doctor Gadea y Alfonso el Sabio, se prevé la instalación de otros 24 puntos de rastreo. 

El proceso para el desarrollo de esa doble red de control ya está en marcha, en fase de contratación. El concurso para contratar su implantación salió a licitación a finales de junio por un importe de 4,5 millones (más de 5,4 con impuestos) como uno de los proyectos cofinanciados con fondos europeos a través de la convocatoria habilitada por el Ministerio de Transición Ecológica para la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a la descarbonización y a combatir el cambio climático. De hecho, según la resolución definitiva de fecha 20 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad de concesión de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya está comprometida una aportación de más de 2,4 millones, por lo que los 3 millones restantes correrían a cargo del presupuesto municipal.

El plazo para la presentación de ofertas se cerró el 25 de julio, con el registro de cuatro propuestas de empresas o alianzas empresariales especializadas en la implantación de redes y sistemas de reconocimiento: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas; una UTE formada por Aceinsa Levante y Electronic Trafic; Tecnologías Viales Aplicadas Teva; y otra UTE formada por Estacionamientos y Servicios e Imesapi. Por el momento, se sigue evaluando las cuatro ofertas técnicas en el apartado de baremación de los criterios que dependen de juicios de valor, por lo que se prevé que el contrato pueda quedar adjudicado antes de final de año. A partir de entonces, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 30 meses para implantar el sistema (lo que conlleva la instalación de redes de cableado), según se delimita en el pliego de condiciones, por lo que la red de control no estaría operativa hasta más allá de 2024.

Restricciones solo cuando exista contaminación

Ahora bien, ¿cuándo podrían activarse esas limitaciones de acceso al Centro? Una vez implantada la red de control, solo se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos cuando se alcancen niveles de contaminación superiores a los permitidos, por concentración de gases o de partículas en suspensión producidas por los vehículos propulsados con combustibles fósiles (gasolina, gasóleo o queroseno). Para determinar si se ha rebasado ese nivel de contaminación, se evaluarán los informes recabados por las estaciones de medición de la calidad del aire situadas en la ciudad, y los datos aportados por la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, que depende de la Generalitat. En principio, fuentes municipales consultadas indicaron que la ciudad de Alicante no presenta altos índices de contaminación, por lo que se augura que solo será necesario activar esas restricciones de acceso de manera excepcional.