ALICANTE. La construcción de las 1.420 viviendas previstas en el Plan Parcial I/4 de La Albufereta quedará condicionado a la protección y vallado del yacimiento arqueológico del Cerro de las Balsas, encuadrado entre las 18,9 hectáreas del sector. Así se pone de manifiesto entre las mejoras acordadas con Nozar, la promotora que impulsó el proyecto, en el convenio suscrito con el Ayuntamiento durante su larga fase de tramitación, tras quedar aprobado hace 30 años. Un convenio que las concejalías de Urbanismo y de Cultura, coordinadas por Adrián Santos Pérez y Antonio Manresa (Cs), prevén hacer respetar también a partir de ahora, en el momento en que se pretenda retomar las obras del Plan Parcial (los trabajos de urbanización quedaron suspendidos en 2009), a iniciativa de un nuevo agente urbanizador en sustitución de Nozar.

En concreto, según fuentes consultadas, la obligación de preservar y poner en valor el yacimiento, reconocido como BIC, quedará heredada por las tres empresas que se prevé que cojan el testigo y asuman la condición de agente urbanizador como relevo de Nozar, una vez que el pleno de la corporación apruebe resolver la adjudicación del PAI que se concedió a la promotora. Se trata de una resolución de mutuo acuerdo, solicitada a instancias de la propia Nozar, que sigue envuelta en el proceso concursal al que se vio abocada en el año 2009. De este modo, las empresas que sucederán a Nozar con la intención de desarrollar el programa urbanístico son Aliseda, Inversiones Inmobiliarias Canvives y Sabadell Real Estate Development (ahora Polux Activos Inmobiliarios), quienes disponen de la titularidad de la mayoría del suelo del sector.

Así, según fuentes municipales, en virtud del convenio original, las tres empresas que pasarán a impulsar el Plan Parcial tras la retirada de Nozar deberían asumir dos acuerdos concretos. En primer lugar, la entrega de una partida específica de 150.000 euros al Ayuntamiento para colaborar en la restauración de los elementos patrimoniales encontrados en el yacimiento. 

Ese compromiso derivaba del informe emitido por la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, de junio de 2001, en el que se incidía en la obligación de conservar el BIC del Cerro de las Balsas. De este modo, en función de los términos de aquel convenio, la entrega debía producirse en el momento en el que se aprobase el proyecto de reparcelación del polígono en el que se sitúa el yacimiento.

Además, en segundo término, el agente urbanizador debía acometer el vallado arqueológico del ámbito del BIC y asumir una inversión cifrada en unos 860.000 euros para darle un tratamiento como jardín. Es más, en el convenio se concreta que, si a la conclusión de las obras de urbanización, no hubiera sido posible ejecutar ese ajardinamiento, se entregaría dicha suma al Ayuntamiento con el objetivo de que quedase en depósito para que pudiese emplearse más tarde en ese mismo fin.