ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante avanza en la tramitación de la llamada ordenanza del ruido, tras la actualización del texto planteado en 2019 y su adaptación a la normativa autonómica y estatal, con la incorporación de los últimos informes que no se habían emitido en el momento en el que la propuesta quedó aprobada en Junta de Gobierno, la semana pasada. Se trata de dos dictámenes que deben evacuar las concejalías de Igualdad y de Hacienda, respectivamente. 

El primero de ellos, sobre impacto de género, ya se habría aportado sin que se hubiese apreciado la necesidad de incorporar subsanaciones de relevancia, según fuentes consultadas. El segundo, sobre estabilidad presupuestaria, estaría en su última fase de elaboración, según las mismas fuentes. A partir de ahí, el texto quedará a disposición de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición y quedará abierto oficialmente el plazo para la presentación de enmiendas por un tiempo de seis días. Esas aportaciones deberán ser evaluadas por los técnicos y, su propuesta de resolución, será la que se eleve a debate y emisión de dictamen en una próxima comisión de Urbanismo.

Todo parece indicar que esa tramitación pendiente imposibilitará que la ordenanza pueda someterse a votación en el pleno ordinario de marzo, previsto para el próximo día 30. No obstante, según fuentes del equipo de gobierno, se mantiene el compromiso de que el texto quede aprobado de forma inicial en el pleno del mes de abril. O lo que es lo mismo, antes de que concluya el mandato actual. 

Con ello, se despejarían las dudas o advertencias que ya habrían manifestado representantes de Unides Podem EU o Compromís (que pretende registrar una moción para que el Casco Antiguo sea declarado Zona Acústica Saturada) quienes denunciaron, este martes, que el proyecto había quedado paralizado por el bipartito (PP y Cs) para no generar un posible conflicto con el sector de la hostelería a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Sea como fuere, lo cierto es que la validación de la propuesta en Junta de Gobierno ya ha generado reacciones enfrentadas. Entre ellas, las críticas sobre el supuesto oportunismo electoral y sobre el retraso, lanzadas por los grupos opositores del eje progresista, así como el rechazo de las asociaciones representativas del sector del ocio y la hostelería, como Alroa.