ALCOY. Trabajadores de las líneas de autobús que han venido a denominarse La Nueva Alcoyana, que cubren diferentes servicios comarcales así como entre Alcoy y Alicante, realizarán este viernes una segunda jornada de huelga, tras la que tuvo lugar la pasada semana, y además tienen previsto concentrarse en la Plaça de Espanya de Alcoy a las 11 horas.

Las convocatorias parten del sindicato CGT y desde el comité de empresa remarcan que "reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del empleo digno, de las condiciones laborales y de un transporte público de calidad, accesible y seguro para toda la ciudadanía", algo que aseguran no se viene cumpliendo y que se ha visto agravado con este nuevo servicio, que depende de la Generalitat, que presta Vectalia, y que desde el primer momento ha contado con críticas de los usuarios, especialmente por cuestiones como horarios, trayectos y paradas.

Desde el comité de huelga denuncian "las prácticas autoritarias y represivas que la empresa Vectalia está ejerciendo contra la clase trabajadora organizada, así como el silencio cómplice de las administraciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos laborales y de los servicios públicos". Apuntan que, con motivo de la primera jornada de huelga, "la empresa convirtió una estación de autobuses pública, propiedad del pueblo de Alcoy, en un espacio privado y cerrado, blindado frente a los trabajadores, y utilizó este espacio para obstaculizar la labor del comité de huelga", y añaden que la empresa "utilizó a las fuerzas del orden como un cuerpo de seguridad privada, poniéndolas a su servicio para intimidar, empujar y arrinconar a los trabajadores".

Además, señalan que al obstaculizar la acción del comité de huelga, "la empresa ha sacado la flota de autobuses sin ningún tipo de control sindical, con graves deficiencias técnicas, algunas de ellas tan serias que no pasarían una inspección de ITV, poniendo en riesgo la seguridad de quienes utilizan el servicio".

También cuestionan al Ayuntamiento de Alcoy, "que ha optado por mirar hacia otro lado, permitiendo estos abusos en vez de defender a sus ciudadanos y ciudadanas", así como a la Generalitat Valenciana, "responsable directa de la adjudicación del contrato del servicio, que ha abandonado sus responsabilidades de fiscalización y seguimiento, abriendo la puerta a una privatización encubierta de un servicio público esencial".