ALCOY. La reforma de La Rosaleda en Alcoy, que se está ejecutando para cumplir una sentencia que considera ilegal el proyecto que ejecutó en 2001 y obliga a reponer la zona verde, permite vislumbrar ya la que será esa nueva plaza, si bien está aún lejos de completarse la actuación, que en principio tenía que finalizar en marzo tras haber pedido la empresa una prórroga. Una legalización que supone 4,3 millones para las arcas municipales y que ha comportado la demolición del forjado de cubierta y su nueva ejecución, para disponer capa de tierra de 80 centímetros y arbolado, así como el refuerzo de todos los elementos estructurales
Y mientras la nueva y ‘legal’ Rosaleda va tomando forma, desde la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció critican duramente "la decisión del gobierno municipal de no investigar las posibles responsabilidades por el caso Rosaleda".
La reforma de la Plaça de la Constitució, conocida como La Rosaleda, fue un proyecto de la etapa de gobierno municipal del PP, que desde un primer momento contó con voces en contra vecinales y ecologistas, pues defendían que era patente que no cumplía la normativa en cuanto a zona verde, como está catalogado el espacio en el que se actuó y llegaron a pedir la suspensión cautelar. El proyecto se ejecutó, llegó a los tribunales y en 2005 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana constató la ilegalidad del proyecto, calificándola de "palmaria" y obligó al Ayuntamiento a reponer la zona verde.
Los ecologistas recuerdan que "las autoridades directamente responsables, Miguel Peralta, Fernando Pastor y Rafael Miró, alcalde, concejal de Urbanismo, y de Obras y Servicios, respectivamente, no pidieron la revisión del proyecto a los técnicos cualificados y, sorprendentemente, eso no le parece una negligencia grave al actual gobierno municipal". Señalan que el proyecto no pasó por los departamentos de Urbanismo y Arquitectura. Desde el gobierno municipal son conscientes de las irregularidades, pero aseguran que no cuentan con pruebas factibles para atribuir las irregularidades a determinadas personas, sino que el proyecto se aprobó por pleno con informes viables, por lo que apuntan que sin pruebas no puede abrirse una acusación.
- Acción de protesta de los ecologistas en 2002. -
- Foto: La Carrasca
La obra de reforma de La Rosaleda fue una de las adjudicadas en la época del PP a Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa y recientemente el alcalde, Toni Francés, recordaba que "gracias a acudir a la vía judicial hemos recuperado más de 800.000 euros de dos proyectos que el PP adjudicó a empresas de Enrique Ortiz. Del antiguo bulevar, que le adjudicó con informes técnicos en contra y por 27 millones, conseguimos parar el proyecto y tuvo que pagar a Alcoy 550.000 euros, mientras que tuvo una condena de 275.000 euros por la Rosaleda". Añadió que "con el PSOE en el gobierno a la ciudad le va bien. Con el PP le va bien a unos pocos".
Pero en cuanto a la petición de responsabilidades, desde La Carrasca recuerdan que en 2010, aún con gobierno popular, esta solicitud fue apoyada por el PSOE, Bloc y l’Entesa, que no prosperó ya que el PP contaba con mayoría absoluta y la rechazaron, y añaden que en marzo de 2012, ya con cambio de gobierno, "el PSOE se comprometió públicamente a atender la reclamación ecologista y vecinal cuando el daño para la hacienda municipal fuera concreto y efectivo. Ahora, llegado el momento, este compromiso ha quedado en nada, pues el gobierno municipal ni siquiera ha aceptado iniciar un expediente de investigación". Recordar que en Alcoy gobierna el PSOE en coalición con Compromís.
Los ecologistas destacan que, legalmente, “es obligatorio para los gestores de intereses públicos exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas que ocasionan daños y perjuicios a la Administración por dolo, culpa o negligencia grave”. También subrayan que “una investigación seria y diligente también habría permitido detectar como fue posible que se aprobara un proyecto tan claramente ilegal y, por lo tanto, como poder evitar en el futuro situaciones perjudiciales similares”.
Guanyar Alcoi se suma a las críticas y llama a la movilización
Desde Guanyar Alcoi consideran la decisión del gobierno alcoyano de no investigar possibles responsabilidades "una auténtica tomadura de pelo para la ciudadanía alcoyana. Es inaceptable que, después de reiteradas promesas, el gobierno local se niegue a investigar un proyecto que el Tribunal Superior de Justicia calificó de 'palmariamente' ilegal en su sentencia del 1 de septiembre de 2005", señala Sergi Rodríguez, portavoz municipal. Además, recuerda que en la sentencia de 7 de junio de 2016, se confirmó la concurrencia de responsabilidades entre la empresa redactora del proyecto y el Ayuntamiento que lo aprobó, destacando que los técnicos municipales tendrían que haber intervenido en su revisión. "La actuación ilegal la cometió el gobierno del PP y aquellos que votaron favorablemente para hacer la obra que destruía una zona verde del barrio del Ensanche, pero el PSOE de Toni Francés no ha trabajado para que paguen los culpables".
Por eso, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que exija explicaciones al gobierno municipal y reivindiquen "una gestión transparente y responsable. No podemos permitir que se perpetúe esta impunidad ni que se continúe jugando con el dinero público y los derechos de la ciudadanía". Añade que "la credibilidad de las instituciones democráticas se arrecia actuando con contundencia contra aquellos que desde ellas hacen ilegalidades que perjudican a las arcas públicas. Es momento de movilizarnos y reclamar respuestas claras y acciones contundentes para poner fin a esta tomadura de pelo", concluye el portavoz de Guanyar Alcoi.
