ALCOY. El PSOE alcoyano ha respondido a las críticas por no pedir responsabilidades políticas por las obras de la plaza de La Rosaleda, un proyecto sentenciado judicialmente como ilegal, y que ha obligado a una actuación para legalizarla que está costando 4,7 millones de euros de las arcas municipales y lo ha hecho afirmando con rotundidad que "no se puede iniciar ninguna investigación sin pruebas sólidas, y la documentación que disponemos en el Ayuntamiento no acredita ninguna irregularidad punible, ni por parte de los funcionarios ni de políticos en el caso de La Rosaleda", apunta la edil de Administración Local, Lorena Zamorano, quien añade que "una cosa es el reproche político que se pueda hacer, otra muy distinta el tema legal, y este gobierno municipal siempre ha actuado con responsabilidad y dentro del marco legal".

Recordar que unos días atrás desde la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció criticaban al gobierno municipal por no investigar posibles responsabilidades políticas en este tema, ponían nombres y apellidos a los políticos del PP que promovieron la reforma de La Rosaleda en el año 2001 y apuntaban argumentos para ello. A estas críticas se sumó Guanyar Alcoi en el mismo sentido y los socialistas arremeten contra este grupo político en la oposición, apuntando que sus afirmaciones "se basan en sospechas e insinuaciones, pero la realidad es que el proyecto de La Rosaleda se aprobó con informes técnicos que avalan la viabilidad de la obra y con el voto favorable del pleno municipal".

Críticas a Guanyar Alcoi por no pedir información

En su crítica a Guanyar Alcoi, los socialistas apuntan que "se basa en una manifestación de la Colla Ecologista La Carrasca, pero en ningún momento han pedido acceso a la documentación que se dispone en el Ayuntamiento, ni han pedido información sobre la investigación interna que se ha hecho para aclarar el asunto. No se basan en ninguna realidad fidedigna, por las manifestaciones que han hecho. Si Guanyar, como manifiesta, cree tener pruebas, lo que tiene que hacer es presentarlas ante la Justicia". Junto a ello, le reprochan que "Guanyar recientemente ha tenido la oportunidad de que se juzgaran los dos millones que el PP pagó de los sobrecostes del Teatre Calderón y decidió no presentar acusación, dejándonos solos en el proceso sobre el que la Fiscalía pedía el archivo", explica Lorena Zamorano.

La edil anuncia que desde el gobierno se ha llevado a cabo una busqueda y estudio de toda la documentación sobre la obra de La Rosaleda existente en el Ayuntamiento, "y tanto por parte de la asesoría externa, como por el jefe del servicio jurídico municipal se ha concluido que no hay base para abrir un expediente contra nadie, ni actuar judicialmente". Hace hincapié en que "los documentos que constan son los que ya se aportaron al Juzgado en su día y se ha constatado que no hay más. Por otra parte, una comisión de investigación interna no es una figura regulada para las administraciones locales, por lo que nadie tendría la obligación de acudir, ni la fuerza vinculante para poder hacerlo posible, por lo tanto no tendría ninguna consecuencia real".