L'ALQUERIA D'ASNAR. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante ha acordado suspender cautelarmente las competencias delegadas por el pleno municipal al alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, y a la Junta de Gobierno Local, especialmente aquellas vinculadas a gasto público y contratación, según han informado los cuatro concejales que presentaron en febrero una moción de censura, que aún no ha sido abordada en pleno. Recordar que el alcalde gobierna en solitario desde el pasado noviembre.
Según apuntan, la resolución judicial, dictada el 27 de mayo de 2026, "supone un contundente toque de atención al actual equipo de gobierno después de que los tribunales hayan apreciado indicios de una posible vulneración del derecho fundamental de participación política de los regidores firmantes de la moción de censura", que presentaron una demanda.
Añaden que, "aunque el juez no ha acordado por ahora la convocatoria inmediata del pleno extraordinario para debatir la moción de censura, sí que adopta una decisión de enorme trascendencia política e institucional: retirar temporalmente a la alcaldía la capacidad de tomar decisiones económicas y contractuales sin control plenario". Los cuatro ediles que firmaron la moción de censura son los socialistas Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina, así como la edil no adscrita Saray González, y de esta manera el Juzgado “da la razón parcialmente” a los promotores de la moción de censura.
En concreto, el auto acuerda "la suspensión exprés de las facultades que el pleno del Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar hubiera delegado en el alcalde, devolviendo las competencias en materia de contrataciones, subvenciones y gasto al pleno municipal mientras se resuelve el procedimiento principal". Además, la resolución obliga a celebrar al menos un pleno ordinario mensual, reforzando así la fiscalización democrática y la transparencia en la gestión municipal, como informan los firmantes de la moción de censura.
Los regidores demandantes consideran que esta resolución "confirma la gravedad de los hechos denunciados y evidencia que existen fundamentos jurídicos sólidos detrás de la moción de censura presentada". Igualmente, destacan que el Ministerio Fiscal "también apreció indicios de afectación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española". Los firmantes de la moción de censura han venido denunciando una parálisis del Ayuntamiento, y la ciudadanía viene celebrando concentraciones pidiendo la dimisión del alcalde.
