ALCOY. El Pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este jueves una declaración institucional en defensa de que la ciudad siga siendo sede de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). La propuesta fue presentada inicialmente por el grupo municipal de Compromís y se ha convertido en una declaración institucional, lo que implica el apoyo de todos los grupos municipales PSOE, PP, Compromís, Vox y Guanyar Alcoy, y sin debate.

Con este acuerdo, el pleno insta a la Universidad de Alicante a reconsiderar su decisión y a restablecer el tribunal en Alcoy para futuras convocatorias. Además, se solicita a la Conselleria de Educación que ejerza sus competencias para garantizar que el estudiantado de estas comarcas pueda seguir realizando las PAU en condiciones de equidad y proximidad

La declaración responde a la reciente decisión comunicada por la Universidad de Alicante, "de forma unilateral y sin diálogo previo", de suprimir el tribunal de las PAU ubicado en Alcoy. Esta medida afecta directamente al alumnado de las comarcas del Alcoià y el Comtat.

El Ayuntamiento considera que esta decisión representa un grave retroceso en términos de equidad educativa, ya que obliga a cientos de estudiantes a desplazarse fuera de su entorno, asumiendo costes añadidos y dificultades logísticas que pueden condicionar su rendimiento académico. Se estima que la medida afectará a unos 400 estudiantes, que son la cifra que este año se ha examinado en Alcoy procedente de diferentes poblaciones de estas comarcas. En los últimos años las pruebas se han venido celebrando en el Campus de Alcoy de la UPV, que seguiría cediendo las instalaciones.

El texto subraya la importancia de mantener la sede de exámenes en Alcoy como garantía de igualdad de oportunidades y justicia territorial, especialmente teniendo en cuenta que la ciudad dispone de un campus universitario consolidado y con todas las infraestructuras necesarias para acoger las pruebas con normalidad, como ha sucedido hasta ahora. El Ayuntamiento trasladará oficialmente esta declaración a la rectora de la Universidad de Alicante, a la Dirección Territorial de Educación de Alicante y a la propia Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, con el fin de que se adopten las medidas oportunas.