MUTXAMEL. La autorización de la planta fotovoltaica "FV Valledelsol" en Mutxamel no está cerrada. La Asociación de Vecinos Valle del Sol – El Boter ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Generalitat Valenciana y ha solicitado la suspensión cautelar del proyecto, lo que mantiene abierto el procedimiento administrativo y cuestiona su ejecución inmediata.

Según la documentación remitida por la entidad vecinal, el recurso fue registrado el pasado 4 de mayo y solicita la revocación o anulación de la autorización concedida a la mercantil Tierra de Sol Project, así como la retroacción del expediente para someter de nuevo a información pública el proyecto definitivo.

En paralelo, la asociación ha trasladado al Ayuntamiento de Mutxamel la interposición del recurso y ha pedido expresamente que se abstenga de conceder cualquier licencia o autorización municipal que permita iniciar las obras mientras no se resuelva la suspensión cautelar solicitada.

El colectivo vecinal fundamenta su impugnación en una batería de argumentos de carácter ambiental, urbanístico y procedimental. Entre ellos, sostiene que la resolución autonómica se apoya en informes y documentos técnicos incorporados en marzo y abril de 2026 que no fueron sometidos a participación pública efectiva, lo que, a su juicio, genera "indefensión" en el proceso.

Asimismo, cuestiona la validez de la Declaración de Impacto Ambiental de 2024 al considerar que el proyecto ha sufrido modificaciones sustanciales posteriores —como cambios en parcelas, subestación, evacuación o número de módulos— sin una evaluación ambiental completa sobre la versión final autorizada.

Otro de los ejes del recurso es la afección directa al entorno residencial. La asociación alerta de la proximidad de la instalación a viviendas y viales, con distancias que, según sus mediciones, se sitúan en algunos puntos entre los 20 y los 30 metros, lo que podría implicar impactos visuales, acústicos y de seguridad durante la fase de obras y explotación.

También pone el foco en la fragmentación del proyecto, al considerar que la planta no puede analizarse de forma aislada de la infraestructura de evacuación y de la subestación eléctrica vinculada (ST Boter), cuya tramitación se realiza en expedientes separados, lo que, a su juicio, dificulta evaluar el impacto global.

En materia ambiental, el recurso cuestiona la evaluación de la avifauna y la posible presencia de especies protegidas, al entender que el estudio anual se completó prácticamente en paralelo a la resolución y sin margen para su análisis público.

A todo ello se suma la solicitud de medidas cautelares. La asociación advierte de que el inicio de trabajos como movimientos de tierras, vallados o zanjas podría generar "efectos difícilmente reversibles", por lo que reclama evitar "hechos consumados" mientras se resuelve el recurso.

En su escrito al Ayuntamiento, el colectivo insiste en que cualquier actuación municipal —desde licencias de obra hasta autorizaciones sobre caminos o infraestructuras— debería quedar paralizada o condicionada hasta que la Generalitat se pronuncie sobre la suspensión cautelar y el fondo del recurso.

La presentación del recurso implica que la autorización autonómica no es firme en vía administrativa, por lo que el futuro del proyecto queda ahora pendiente de la resolución que adopte la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y sujeto a impugnación.