ALICANTE. El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante incrementa de forma considerable la superficie de suelo con algún tipo de protección, que pasa del 30% actual al 49%, lo que supone que prácticamente la mitad del territorio quedará protegida.
"El Plan General refuerza de forma significativa la protección del territorio rural, mediante la incorporación de elementos del patrimonio natural catalogado y la introducción de nuevas áreas de protección agrícola, que reconocen el valor productivo, paisajístico y cultural de determinados espacios agrarios”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.
“El incremento de superficie de zonas verdes, que se triplica, la creación de un cinturón verde de 19 kilómetros, la Vía Litoral de 21 kilómetros y la regeneración de barrancos se completan con estas medidas de protección que garantizan la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y agrarios del municipio, consolidando la infraestructura verde como uno de los elementos estructurantes del territorio”, añade.

- Plano de infraestructura verde y suelo protegido a escala territorial
Con el fin de integrar adecuadamente estos espacios en la ordenación del suelo rural, se establecen criterios específicos de protección en ámbitos de especial relevancia. Las principales zonificaciones de suelo protegido identificadas en el planeamiento son zona protegida agrícola, que incluye paisajes agrarios de valor significativo como Bacarot, Barranco del Infierno y la Alcoraya; zona rural protegida natural, que comprende áreas de alto valor ecológico sujetas a distintas figuras de protección; y zona rural protegida de ramblas, por su función como elementos conectores de la infraestructura verde y azul.
La identificación y ampliación del suelo rural protegido persigue los siguientes objetivos:
- Regular la implantación de usos, actividades e infraestructuras garantizando su integración paisajística y ambiental.
- Ordenar el ámbito rural fomentando usos propios, compatibles o complementarios que refuercen la actividad agraria y ganadera.
- Proteger los sistemas de regadío tradicionales como parte del patrimonio agrícola y de la identidad territorial.
- Regular los usos excepcionales, asegurando su compatibilidad con los valores del entorno.
- Considerar las restricciones derivadas de la inundabilidad y otras afecciones paisajísticas o naturales.
- Mantener el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, preservando sus componentes ecológicos, visuales y culturales.