Durante los años de crisis financiera en el continente europeo se produjo una caída del 20% de la inversión, tendencia en la que España no fue excepción, afectando a las infraestructuras en capital físico y también al capital humano, lo que puede estar condicionando la tasa de crecimiento a largo plazo de nuestra economía.

Aunque la financiación de la investigación incluye una parte de gastos de inversión, una gran proporción del gasto es también corriente. Con la perspectiva de algo más de diez años desde el inicio de la crisis, vale la pena analizar la situación actual en España. En primer lugar, hay que distinguir el gasto en investigación realizado por las administraciones públicas y por las empresas privadas. Por lo que se refiere a las primeras, tanto el gobierno central como las comunidades autónomas realizan convocatorias de proyectos y ayudas a la investigación, así como procesos de contratación de investigadores en formación. A su vez, los profesores de universidad tienen la doble condición de personal docente e investigador (PDI). Paralelamente, las empresas realizan investigación e innovación, financiada por ellas mismas y también gracias a políticas públicas. Finalmente, la Unión Europea, en su actual programa Horizonte 2020 convoca proyectos y ayudas a la investigación. Existen estrategias de fomento y apoyo a la investigación, en principio coordinadas, entre las diversas administraciones públicas, aunque luego, en el día a día, dicha coordinación deje mucho que desear.