El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en la mesa presidencial del pleno.ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una propuesta de declaración institucional para instar al Consell a "compensar" la "infrafinanciación que va a sufrir Alicante en los Presupuestos Generales del Estado" y destine a la provincia y a la capital "parte de los 300 millones de los que dispondrá la Generalitat para impulsar infraestructuras". La iniciativa defendida por el equipo de gobierno abunda en los discursos que se pudieron escuchar durante el debate sobre el estado de la ciudad, este martes, en los que tanto el alcalde, Luis Barcala, como las portavoces del PP y de Cs, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, denunciaron que Alicante queda relegada en los PGE al último puesto en la lista de provincias en inversión estatal por habitante.
Así, tanto De España como Sánchez han abundado en que, una vez más, el proyecto de presupuestos vuelve a dejar fuera inversiones necesarias para la ciudad y la provincia como la retirada de las vías del ferrocarril del litoral sur o la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Y han instado al Consell a usar ese fondo de 300 millones para ejecutar actuaciones en la ciudad, como el desarrollo de la red de tranvía, en la ejecución del parque central o en proyectos para la mejora de la accesibilidad al Castillo de Santa Bárbara, entre otras inversiones y dotaciones pendientes en la ciudad, como los centros de salud del PAU 2, Playa de San Juan y Garbinet.
La propuesta se ha debatido junto a otra declaración institucional alternativa promovida por Compromís por la vía de urgencia en términos similares, en los que también se reclamaba "el fin del maltrato a Alicante y la provincia a través de los presupuestos generales de los últimos años", según ha apuntado su portavoz, Natxo Bellido. Así, la declaración de la coalición valencianista plantea la posibilidad de plantear enmiendas a esos PGE que mejoren la dotación de recursos para la ciudad.
En el debate, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha limitado a apuntar que el discurso de Bellido tenía poco resultado si, a la postre, "su diputado en el Congreso, Baldoví, acaba votando a favor del PGE". Por Unides Podem EU, la edil Vanessa Romero, ha reafirmado "la infrafinanciación" de la provincia en los sucesivos proyectos presupuestarios impulsados por gobiernos presididos por el PP y por el PSOE y ha conminado a presentar enmiendas a esos PGE. Y por el PSOE, el edil Miguel Millana, ha considerado necesario que el Ayuntamiento también "se aplique" la lección y haga uso de sus remanentes para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en Alicante, tras recordar el compromiso adquirido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por suplir la falta de inversiones previstas en la provincia. De igual modo, ha reprochado al bipartito que responsabilizase a la Generalitat del retraso en dotaciones como los centros de salud o la ampliación de la Vía Parque cuando "no ha hecho sus deberes" a tiempo en la cesión del suelo o en la finalización de las expropiaciones que resultan necesarias.
En el turno de la votación, han quedado aprobadas las dos declaraciones, aunque con resultados diversos. La promovida por el equipo de gobierno, ha prosperado con el apoyo de Vox y la abstención de Unides Podem y Compromís. La impulsada por Compromís ha sumado los votos de PP y Cs y la abstención de Vox. Por su parte, el PSOE se ha quedado solo al rechazar las dos iniciativas.
Más tarde, también se ha aprobado una segunda declaración institucional conjunta hasta cierto punto similar, con apoyo de PP, Cs, PSOE y Unides Podem por la que se acuerda reclamar una financiación justa para la Comunitat. En su debate, el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral (PP), ha instado a los grupos del eje progresista que ejercen presión sobre el Consell del Botànic para que reivindiquen ante el Gobierno de Pedro Sánchez un trato justo para el territorio autonómico. Por su parte, el edil socialista, Miguel Millana, se ha referido a la deuda dejada por el PP en la Generalitat y ha considerado que la declaración es una oportunidad para perseguir juntos una solución al problema de la financiación.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha dado "la bienvenida" al PP en la reivindicación. Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, se ha felicitado por el consenso alcanzado en la sociedad valenciana respecto a la infrafinanciación y al "maltrato histórico" por parte del Gobierno central. Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha recriminado a PP y Cs el acuerdo con los partidos progresistas y ha considerado 'vergonzoso' que PSOE y Unides Podem hayan suscrito una declaración que critique a su propio Gobierno. Por último, ha justificado su voto en contra al considerar que la propuesta se trataba de "una pantomima".
Por lo demás, entre otras declaraciones institucionales, se ha aprobado la propuesta promovida por el PP y Cs para exigir a la Conselleria de Universidades la resolución de becas de estudios universitarios en el pasado curso 2020 y 2021. La propuesta ha contado con el respaldo de Vox y el rechazo de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
También se ha aprobado la declaración promovida por el bipartito en la que se insta al Gobierno de España a rectificar el anteproyecto de la Ley de Vivienda y a tomar "medidas para que haya más vivienda pública pero sin limitar la privada, con libertad en la fijación de rentas". La propuesta ha contado con el respaldo de PP, Cs y Vox y el rechazo de toda la izquierda. Justo el resultado opuesto que ha generado la declaración alternativa promovida por el PSOE de apoyo y colaboración a la tramitación de esa Ley.
Los socialistas recuerdan el compromiso inversor asumido por Puig e invitan al bipartito a ser consecuente y usar los remanentes para mejorar la ciudad
Igualmente, se ha aprobado la iniciativa del bipartito para instar al Gobierno de España a avanzar en los trabajos de una nueva Estrategia de Salud Mental del Plan Nacional de Prevención del Suicidio. La propuesta ha sumado los votos de Vox, un mes después de que el pleno rechazase una propuesta similar promovida por los grupos del eje progresista para que fuese el Ayuntamiento el que impulsase su propio plan de prevención.
Ha prosperado también la declaración institucional conjunta promovida por PP, Cs, PSOE, Unides Podem EU y Compromís por la que se acuerda apoyar la celebración del 25 de octubre como el Día del Comercio Local en la Comunitat. Al margen del consenso entre los cinco grupos, el eje progresista ha reclamado mayor apoyo municipal para el sector. Por su parte, Vox se ha abstenido al asegurar que la declaración se quedaba corta si no se incluían medidas de apoyo "que permita compensar por el lucro cesante" generado durante la declaración del estado de alarma. De igual modo, su portavoz, Mario Ortolá, ha vuelto a traer a colación los riesgos para el comercio que, a su juicio, supondrá la declaración de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) promovida por el equipo de gobierno, en aplicación de la Ley de Transición Ecológica.
Se ha debatido también una declaración institucional promovida por el PSOE para instar al Ayuntamiento a procurar los servicios públicos esenciales en la partida de Villafranqueza, ante la existencia de carencias en el servicio de recogida de residuos, la falta de asfaltado e iluminación, entre otros puntos, según el texto registrado por los socialistas. En ese mismo sentido se han pronunciado los ediles de Compromís, Rafa Mas, y de Unides Podem, Vanessa Cárdenas. No obstante, el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha rechazado que existan esas carencias y ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan accedido a colaborar en la planificación de la mejora de esos servicios. Así, en último término, la propuesta ha quedado rechazada con los 14 votos de PP y Cs frente a los 13 votos a favor de PSOE, Unides Podem y Compromís y la abstención de los dos ediles de Vox.
Con carácter previo, el edil de Movilidad, José Ramón González, ha respondido a una pregunta de Vox para reiterar que las cámaras inteligentes instaladas en la ciudad en desarrollo del proyecto 'Alicante se Mueve' no se usan para imponer sanciones, sino para obtener información estadística (big data) sobre los desplazamientos del tráfico diario rodado y, así, poder adaptar decisiones municipales para mejorar su regulación. Además, el equipo de gobierno ha demorado hasta el próximo pleno la respuesta a la pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre el futuro de los trabajadores del área de Acción Social después de que se haya conseguido firmar el contrato programa con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ante las dudas sobre la posibilidad de que se vuelva a acordar su cese al final de año, pese a que se había anunciado su continuidad tras ese acuerdo marco.
Sí ha respondido la edil de Empleo, Mari Carmen de España (PP), a la pregunta formulada por el edil socialista Miguel Millana sobre la implantación de nuevas empresas en el vivero y lanzadera Príncipe Felipe. Al respecto, ha asegurado que se ha autorizado la instalación de las empresas que permanecían en lista de espera en los espacios vacantes tras el fin del periodo máximo de permanencia, en función de lo previsto en los estatutos de funcionamiento de los viveros.
Al margen de todo ello, el alcalde, Luis Barcala, ha rectificado una interpretación errónea del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) sobre el desarrollo de los turnos de intervención de cada grupo político, a colación del rifirrafe generado en torno a la posibilidad de que se produzca un único discurso por parte de los dos partidos que conforman el equipo de gobierno. Al respecto, ha pedido disculpas y ha señalado que se abordaría un nuevo criterio de futuro en una próxima Junta de Portavoces.
