modificación del pgou para encajar dotaciones comunitarias

Alicante suprime el uso educativo de cuatro parcelas e incluye el edificio investigado del CIA

11/09/2024 - 

ALICANTE. Nuevo cambio en la planificación urbanística de Alicante. Y, de nuevo, envuelto en la controversia. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), aprobó este martes en Junta Local -el órgano de representación política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones que afectan a la gestión municipal- el inicio del expediente para promover la modificación puntual número 50 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (aprobado en 1987) con la que se pretende cambiar la calificación de cuatro parcelas de titularidad pública que hasta ahora quedaban reservadas para uso docente. O lo que es lo mismo, la construcción de centros educativos. 

Entre esas parcelas a las que se prevé dotar de un destino diferente figura la parcela en la que se ubica el antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia, que ahora queda sujeta al proceso de instrucción de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el grupo municipal del PSOE informase sobre su cesión para la instalación del Centro de Inteligencia del Agua (CIA): un proyecto promovido por Aguas de Alicante, que se integra en el mismo inmueble adscrito a la Agencia de Desarrollo Local (Aldes) destinado a acoger el centro para startups con zona de coworking incluido en la iniciativa municipal Alicante Futura. De ahí que tanto el PSOE como el grupo municipal de Esquerra Unida Podem expresasen este martes su preocupación por el planteamiento de los populares hasta el punto de llegar a tildarlo como el intento de regular una supuesta irregularidad que sigue bajo el escrutinio del Juzgado de Instrucción número 3.

¿En qué consiste en concreto el cambio previsto con esa modificación puntual? La propuesta que ahora inicia su recorrido administrativo (con aprobación definitiva en manos del propio Ayuntamiento, al tratarse de un cambio urbanístico que solo afecta a la ordenación pormenorizada y que no contempla reclasificaciones de suelo, ni afecciones a zonas verdes) plantea que esas pastillas de suelo queden destinadas a otros usos no ligados a fines educativos, como el desarrollo de dotaciones comunitarias polivalentes. En ese paraguas, se incluye la posible construcción de plazas públicas como espacio de esparcimiento o de otras instalaciones públicas polivalentes por definir. 

La medida se justificaría en base a dos argumentos esenciales. Primero, que a esas parcelas docentes no se les ha dado el uso docente pretendido en 37 años hasta el punto de que han pasado a acoger otras dotaciones públicas no ligadas a la docencia. Y segundo, que ahora se dispondría de otras parcelas alternativas -cuya ubicación no se ha precisado hasta ahora- para poder albergar la construcción de un colegio o de un centro de formación, sin quedar constreñidos por el tamaño de las cuatro parcelas sobre las que se pretende aplicar el cambio de uso.

¿De qué parcelas se trata? La primera de ellas se sitúa en la calle Capitán Segarra, número 55. O lo que es lo mismo, el emplazamiento en el que se encuentra el aparcamiento de vehículos de la Lonja. En ese caso concreto, se plantea que cambiar la calificación de equipamiento docente por la de equipamiento múltiple y espacio libre-área Ajardinada, "destinándose al menos el 60% de la superficie de la parcela a espacio libre", con el objetivo de "crear un espacio de relación en el barrio y otros usos públicos pendientes de definir según
necesidad".

La segunda se sitúa en el número 1 de la Plaza Grupo Escolar Benalúa, que albergó el antiguo colegio del barrio, que también pasaría a tener la consideración de equipamiento múltiple y espacio libre-área ajardinada con las mismas condiciones. La tercera corresponde con el número 3 de la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, que pasaría a tener la misma calificación. Y, por último, la cuarta parcela es la situada en el número 21 de la calle Italia, en el que se sitúan los antiguos talleres municipales y el antiguo Parque de Bomberos, para la que se propone la nueva calificación de servicios urbanos y equipamiento múltiple con el objetivo de implantar oficinas municipales "y otros usos públicos pendientes de definir según necesidad". Es decir, en parte, el nuevo destino que ya ha comenzado a tener el  edificio, toda vez que las obras de implantación del CIA -y, al menos, parte del proyecto asociado a la estrategia Alicante Futura- ya se han ejecutado y solo esperan fecha de inauguración oficial.

Tanto el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, como la edil de Educación, Mari Carmen de España, señalaron este martes, a la hora de dar cuenta del inicio del expediente sobre la modificación urbanística que quedó aprobado en Junta Local, que la propuesta de cambio de uso se había coordinado con la Conselleria de Educación y descartaron que tuviese ninguna vinculación con las diligencias de investigación que se incoan en los juzgados, en las que ya se habría señalado las primeras declaraciones para el mes de noviembre, según fuentes consultadas. Sea como fuere, Villar y De España se limitaron a defender que la modificación del PGOU era un acuerdo para dar salida a parcelas para los que ya no se requería su adscripción educativa. Lo cierto es que, desde que trascendió la controversia y la advertencia de posibles irregularidades administrativas por parte del PSOE, el equipo de gobierno ya avanzó que se procedería a promover el cambio de calificación de la parcela, al margen de que ya se hubiese destinado a otro uso no vinculado a la docencia (se trataría de una posibilidad contemplada en el PGOU, según se sostuvo entonces), como el que ya tuvo durante el periodo en el que funcionó como Parque de Bomberos.

Explicaciones 'pendientes'

No obstante, las explicaciones facilitadas por el equipo de gobierno este martes no impidieron que los representantes de PSOE y Esquerra Unida Podem exigiesen aclaraciones adicionales. En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, instó al alcalde, Luis Barcala, a explicar el acuerdo. "Barcala no explicó en su día por qué se estaban ejecutando obras para habilitar oficinas en un suelo reservado a centro educativo en el PGOU sin cambiar, precisamente, el Plan General. Ahora que este asunto se encuentra judicializado, el alcalde impulsa una modificación para hacer un traje a medida y legalizar esas obras. Es una situación que se asemeja mucho a la ocurrida en el hospital Imed, primero se hace la obra y después se trata de legalizar", señaló Barceló.

En esta línea, consideró que "el alcalde tiene un problema: la losa de la sospecha sobre urbanismo es cada vez más pesada y tiene que dar explicaciones a la ciudadanía". Así, recordó que su grupo registró una denuncia en Fiscalía con relación a las obras del CIA y que las diligencias se mantienen abiertas.


"Barcala no tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana. Ha hurtado a los barrios y a las asociaciones el debate sobre qué servicios son necesarios en el Centro de Alicante. Como mínimo, este debate se tendría que haber producido en el pleno, pero no ha sido así. No podemos permitir que se salte la legalidad urbanística hurtando cualquier tipo de debate", advirtió.

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, consideró que "la modificación puntual número 50 del PGOU supone renunciar a tener centros educativos en la ciudad. Se eliminan cuatro parcelas educativas. ¿Sobran colegios en Alicante?", se cuestionó. "Les sugerimos que se planteen la tercera escuela infantil tantas veces reclamadas desde Esquerra Unida", recalcó.

En este sentido, sostuvo que "renunciar a estos centros supondrá un impacto económico y supondrá, además, una merma de servicios educativos necesarios en nuestra ciudad". "Y para acabar: de forma equivalente a lo que ha sucedido con el hospital privado de IMED, el ayuntamiento dio licencia a Aguas de Alicante para hacer su Blue Economy Center y showroom y hub operativo en el edificio de bomberos en Séneca, con una compatibilidad urbanística en contra. Y con la obra hecha y el asunto en un juzgado, ahora quieren modificar el planeamiento para que el fango se limpie él solo", concluyó.

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