Las terrazas de los locales ubicados en la calle San Isidro, en el Casco Antiguo de Alicante.ALICANTE. La aplicación de las medidas planteadas por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante para controlar el ruido asociado a la actividad del ocio y la hostelería en el Casco Antiguo queda supeditado a la ejecución de dos últimas acciones complementarias: la realización de una nueva sonometría continúa de 21 días de duración para evaluar los niveles de ruido, a partir de tres medidores específicos de nueva implantación, y la elaboración de un censo sobre el conjunto de negocios instalados en las calles del barrio que permita detallar sus respectivas actividades.
Así se puso de manifiesto este lunes en el transcurso de la segunda reunión de la comisión específica constituida para arbitrar soluciones, con la participación de los cinco grupos políticos representados en la corporación municipal (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) y parte de los colectivos vecinales y empresariales con implantación en el barrio, como la Asociación Laderas del Benacantil y la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. A ellos se sumarán en la próxima sesión la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa); la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo (ACA) y la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), en la que se encuadra la Asociación de Bloques de Apartamentos Turísticos (Abatur).
Por partes. En primer término, la nueva audiometría en continuo (24 horas) de tres semanas de duración (gracias a la instalación de tres sonómetros de tipo 1) permitirá completar la recopilación de datos que ya proporcionan de forma automática la red de medidores desplegada por el Ayuntamiento entre los años 2016 y 2017 tanto en el Casco Antiguo como en el Centro Tradicional. Con los registros captados entre el 3 de noviembre (fecha de su activación) y el próximo día 24, se elaborará un informe de mayor precisión sobre las horas y las zonas en las que se registran los niveles más altos, que se servirá como indicador del comportamiento habitual extrapolable a cualquier época del año, según precisó el jefe de servicio del área de Medio Ambiente a preguntas de los representantes de la oposición. Con todo, esas explicaciones no acabaron de convencer a los representantes de los grupos del eje progresista, como el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, quien consideró que podría ser oportuno efectuar esa sonometría también en otro periodo estacional.
En segundo lugar, el censo de actividades permitirá precisar qué tipo de negocios existen en el Casco Antiguo en la actualidad y qué actividad concreta ejercen, lo que servirá para supervisar y monitorizar el cumplimiento de las licencias y autorizaciones que tienen concedidas a partir de campañas de inspección continuas a cargo de la Policía Local, según precisó el mismo responsable de Medio Ambiente. De hecho, avanzó que estaba previsto llevar a cabo una campaña sobre el cumplimiento de los horarios de cierre durante la semana que viene.
Esas dos acciones pendientes permitirá modular la propuesta de Plan de Acción elaborada por el departamento de Medio Ambiente, todavía en fase de borrador, en el que se plantean medidas como la reducción de horarios de funcionamiento en dos periodos estacionales distintos (uno para el verano y otro para el resto del año), así como la monitorización continua del funcionamiento de los negocios, a cargo de la Policía Local, además de la continuidad de la suspensión de nuevas licencias de apertura, como ya se acordó en la actualización de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) aprobada en 2018. Ese Plan de Acción se convertiría en una herramienta para evitar la vulneración de los límites de ruido establecidos en cada momento del día cuya aplicación proporcionaría mayor inmediatez que la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS), según precisaron los técnicos.
Además, como informó este diario, ese Plan de Acción contemplaría una distribución en tres zonas distintas con limitaciones particulares en función del nivel de ruido detectado (alto, medio y bajo), en función de los modelos aplicados en otros poblaciones que ya disponen de medidas similares en sus respectivas ZPAE como Madrid, Albacete, Ciudad Real o Castellón. No obstante, esa graduación en tres zonas distintas podría quedar reducida a solo dos (alta y baja) en el supuesto de que se considerase más adecuado, según precisaron los técnicos municipales, después de que los representantes de los grupos de la oposición recriminasen que no se hubiese tomado como referencias otras ciudades de carácter turístico con características similares a las de Alicante.
En todo caso, los técnicos incidieron en que tanto la zonificación como la determinación de las fechas de cada periodo estacional y las propuestas de horarios límite planteadas en el borrador del Plan de Acción quedan abiertas al consenso que se alcance en la comisión a partir de las sugerencias o aportaciones que pueda formular el conjunto de grupos políticos. En esta línea, este lunes se concertó que el plazo para su presentación se cerraría en el momento en el que se dispusiese del informe de evaluación de la audiometría en continuo de 21 días de desarrollo, con el fin de que se pudiese contar con la mayor información posible.
Al tiempo, en el transcurso de la comisión se precisó que los técnicos de Medio Ambiente y de la Concejalía de Urbanismo prevén concluir la resolución de las alegaciones presentadas tras la aprobación provisional de la actualización de la ordenanza del ruido (aprobada en mayo) antes de que concluya el año 2023, lo que permitirá elevarla a aprobación definitiva para que sus medidas puedan ser de aplicación entre el mes de diciembre o principios de 2024.
El objetivo del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), sería, de hecho, acompasar la aplicación del Plan de Acción diseñado para el Casco Antiguo con la entrada en vigor de la revisión de esa ordenanza. En todo caso, los técnicos de la comisión también señalaron que el Plan de Acción es un mecanismo dinámico, abierto a modificaciones en el momento en el que se detecte la necesidad de introducir medidas adicionales, ya que en el articulado de su borrador ya se deja constancia de que se celebrarán reuniones de seguimiento sobre su aplicación.
Al margen de las explicaciones de los técnicos, la reunión de la comisión sirvió para que se anticipasen algunas de las sugerencias a plantear para su incorporación al Plan de Acción. Entre las esenciales figuró la formulada por el representante de la asociación Laderas del Benacantil, Joaquín Gangoso, quien, además de felicitarse de que el Plan de Acción contemplase medidas acertadas, como la reducción de horarios, emplazó a que el Plan de Acción implementase una medida adicional: el control de los traspasos de licencias, para que las sanciones que puedan imponerse a los establecimientos infractores también queden transferidas a los nuevos titulares de los negocios. Con ello se trataría de evitar que una sanción impuesta sobre el funcionamiento irregular de un local decaiga con un hipotético cambio de titularidad de la licencia.
Además, el representante del colectivo (en el que se agrupan residentes y empresarios) también sugirió que se habilitase un retén policial en alguno de los locales de titularidad municipal repartidos en el barrio con el fin de reforzar el control y la aplicación de esas medidas de control.
Por su parte, los representantes del grupo municipal del PSOE, Trini Amorós y Raúl Ruiz, solicitaron una definición pormenorizada de los locales a los que les sería de aplicación las limitaciones del Plan de Acción con el fin de que esos límites no se extendiesen al funcionamiento de locales con vocación cultural y de dinamización turística, como las salas de conciertos, por ejemplo. Y, en sentido contrario, plantearon que esas restricciones sí fuesen de aplicación también a los locales de apuestas y no solo a negocios vinculados a la hostelería.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, planteó la necesidad de que el Plan de Acción se acompañase de consignación presupuestaria para promover la dinamización turística y de las viviendas del barrio, mientras que el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, reclamó que el Plan de Acción se acompañase de un refuerzo efectivo de la presencia policial, tanto a cargo de Policía Local como de Policía Nacional, para controlar las aglomeraciones en la vía pública, por ejemplo. De hecho, lo cierto es que el conjunto de los grupos opositores criticó que el edil de Seguridad, Julio Calero, no hubiese participado del desarrollo de la comisión (se encontraba ausente por motivos que no se llegaron a precisar), a pesar de que la labor de control a cargo de la Policía debía ser, en su opinión, un elemento esencial para que el Plan de Acción tuviese eficacia.
En esta línea, cada formación política emitió sus propias valoraciones respecto al desenlace de la comisión. En primer término, el PSOE reprochó, precisamente, la ausencia de Calero "sin delegar además la representación de su concejalía en ningún técnico o personal de su área". "Si uno de los principales problemas que se registran en el Casco Antiguo es el ruido que se genera por el funcionamiento de ciertos locales que, con frecuencia, incumplen la normativa en vigor, nos parece inaceptable que el máximo responsable de Seguridad Ciudadana no haya participado. Por tanto, no ha querido escuchar lo que han relatado en primera persona las asociaciones que han asistido para explicar cuáles son los problemas que está generando la actividad y que impiden el descanso de los vecinos", explicó el edil socialista Raúl Ruiz, a través de un comunicado.
Un momento de la reunión de la comisión sobre el ruido en el Casco Antiguo.Además, el PSOE reclamó al PP "que se implique para poder establecer medidas con las que se consiga garantizar la convivencia en el barrio puesto que, en los últimos cinco años con Barcala al frente del Ayuntamiento, no se ha avanzado nada". De igual modo, Ruiz planteó que las reuniones para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas se fije con una periodicidad trimestral, y no cada seis meses, como se ha previsto". De igual forma, los socialistas sugirieron que, "si es necesario, se solicitará que las restricciones en materia de horarios de los locales sean las mismas para todo el Casco Histórico", con el fin de no derivar la afluencia de clientes de una zona a otra en la que se hubiesen acordado condiciones menos restrictivas. No obstante, "se esperará a conocer el informe técnico con la evaluación de los sonómetros antes de realizar propuestas más concretas", según precisaron fuentes del PSOE.
En segundo término, por Vox, Ortolá consideró que el borrador de Plan de Acción "va por buen camino aunque tenemos que destacar que los horarios de cierre son discrecionales y necesitamos los resultados de los sonómetros y la opinión de los expertos para saber si son acertados los propuestos o no". Al tiempo, añadió que resultaba "un gran error que no haya venido nadie de la Policía Local puesto que es una petición reiterada de Vox y si bien en el borrador se determina que habrá más control policial no nos queda claro cuál va a ser el protocolo que se va a aplicar frente a las masificaciones en la vía pública, principales causantes del enorme problema de descanso de los vecinos".
De igual modo, apuntó que "hay que abordar los problemas que tiene de por sí Casco Antiguo como los problemas de iluminación que hay, solares y locales abandonados, etc. Es esencial trabajar en qué camino va a tener zona. No se puede trabajar a ciegas y desde Vox estamos a favor del equilibrio entre hostelería, ocio, comercio, artesanía y, principalmente, el descanso de los vecinos para que deje de ser una zona en decadencia", concluyó.
Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, consideró que "el PP tiene dos opciones: una, aprovechar esta comisión del ruido, que forzamos desde la oposición, para transformar el Casco Histórico en un referente patrimonial, cultural y artístico, donde sea compatible el ocio y la restauración con, obviamente, el derecho al descanso vecinal; o, dos, tiene la opción de no hacer nada como hasta ahora y que siga adelante el Casco Histórico como hasta ahora, sin poder permitir el descanso vecinal y con el patrimonio esté hundido, que haya delincuencia y suciedad. Que elija qué modelo de ciudad quieren, que hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué quiere hacer el señor Barcala con la ciudad".
Al respecto, concretó que "desde Compromís lo tenemos muy claro, vamos a utilizar esta comisión, que fue propuesta por nosotros y por los vecinos y vecinas, para transformar la ciudad, esta zona tan importante para Alicante". Así, añadió que "se trata de cumplir las ordenanzas actuales y modificar la del ruido que quedó pendiente del anterior mandato", además, de "estudiar y presupuestar una partida para transformar el Casco Histórico y Centro Tradicional, así como ayuda a los sectores económicos para su transformación y contar con la participación en esta comisión de la Concejalía de Seguridad y Policía Local".
Por último, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, señaló que "es necesario acelerar la modificación de ordenanza del ruido de esta ciudad que data de 1991 y está totalmente desfasada respecto a legislación vigente". Además, recalcó que también es "necesario contar cuanto antes con el diagnóstico del problema del ruido en el Casco Antiguo y las posibles actuaciones en consecuencia. Este diagnóstico es necesario para conocer las actividades por tipología, problemática, las denuncias, etc...".
Y, en tercer lugar, agradeció "el trabajo del personal técnico que ha propuesto un borrador que según los propios vecinos aborda los grandes problemas que sufre esta zona de la ciudad. Ahora seguiremos trabajando desde la comisión para avanzar en las soluciones a los problemas del Casco Antiguo y esperamos que sirva de referencia para todo el Centro Tradicional. Que solo hayan impuesto un puñado de sanciones por exceso de ruido en el Casco Antiguo desde 2018, muestra que ha habido cierta connivencia con quien no cumple la normativa. Creemos que esta es la senda que debemos transitar, lograr acuerdos políticos para asegurar el bien común de las personas que viven aquí y solucionar de una vez por todas , algo que aguarda desde 2018. El derecho al descanso de las vecinas y vecinos, debe estar por encima de cualquier otra cuestión", concluyó.
