Un momento de la última sesión de la comisión de investigación del caso Comercio. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Nuevo capítulo sobre el llamado caso Comercio tras la presentación de conclusiones de cada grupo político sobre los trabajos desarrollados en la comisión de investigación, este viernes. Fuentes municipales avanzaron a Alicante Plaza que el equipo de Gobierno prevé aprobar previsiblemente en la próxima Junta de Gobierno un acuerdo por el que amplía el plazo para poder resolver la cuestión de fondo: cómo debe tramitar desde el punto de vista de la contabilidad municipal el pago de los 25 contratos bajo sospecha.
Como viene publicando este diario, el tripartito acordó la anulación del pago de esas 25 facturas por más de 189.000 euros el pasado mes de abril. Se trataba de un trámite por el que, además, se acordaba su abono como reconocimiento extrajudicial de crédito. Es decir, como gasto ejecutado pero no presupuestado. Con ello, se cumplía con los proveedores de servicios contratados (el trabajo en cuestión -campañas publicitarias, la gala de los premios de Comercio y renovación de señalética- se hizo) sin llegar a dar carácter legal a su contratación, de manera directa, sin concurso, como contratos menores.
Esa situación debía mantenerse hasta que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) analizase esas contrataciones y determinase si llegó a producirse el supuesto fraccionamiento de contratos sobre el que el interventor municipal había expresado dudas. El problema, según las mismas fuentes, es que el órgano consultivo de la Generalitat todavía no se ha pronunciado.
El tripartito ya habría vuelto a remitir al CJC los expedientes de los 25 contratos con una petición expresa para que los analice en su conjunto
Hasta la fecha, el CJC sólo ha remitido un escrito al Ayuntamiento, durante el pasado mes de mayo, en el que instaba a que se le volviese a remitir la documentación de los 25 contratos por separado. Según fuentes municipales, en respuesta a ese escrito, el Ayuntamiento volvió a remitir la documentación y solicitó al Jurídic que considerase los 25 contratos en su conjunto para tener una perspectiva global y poder dirimir si se fragmentaron para eludir la convocatoria de un concurso público. Al parecer, esa respuesta se remitió a València a principios de este mes de septiembre.
El plazo que puede necesitar el Jurídic para emitir su dictamen sobre el asunto sigue siendo una incógnita. Y, según las fuentes consultadas, el problema es que, legalmente, debía encontrarse una solución contable definitiva para esos 25 contratos antes de seis meses. De ahí que, según las mismas fuentes, se pretenda ampliar ahora ese plazo dejándolo en suspenso, hasta que llegue el pronunciamiento del CJC, para no incurrir en nuevas supuestas irregularidades contables.
