Alicante se atraganta con las grandes contratas: 'prórrogas' en la limpieza escolar, el bus y la basura

ALICANTE. El trabajo desempeñado en el departamento de Contratación todavía no ha sido suficiente para que el Ayuntamiento de Alicante deshaga el nudo que afecta la prestación de los principales servicios públicos municipales. Gracias a ese trabajo, desarrollado en el margen de los dos últimos años, sí se ha conseguido adjudicar inversiones ordinarias y de las llamadas inversiones finacieramente sostenibles (por un volumen global de cerca de 65 millones en obras), además de los contratos de señalización horizontal y vertical; el de montaje de infraestructucturas festivas; el de reparación de aceras; el de mantenimiento del cementerio y el de conservación de zonas verdes. Eso sí, en este último caso, todavía pendiente de los recursos interpuestos por Geamur: la empresa que ha venido asumiendo su prestación durante cerca de 15 años hasta el arranque de 2021. 

También se ha encarrilado el contrato de servicio de telecomunicaciones (ahora paralizado de manera preventiva tras un recurso de Vodafone), que también venía prestándose sin contrato en vigor desde hacía dos años. Sin embargo, las tres prestaciones que suponen un mayor coste para las arcas municipales quedan abocadas a un funcionamiento ligado a la concesión prórrogas o de acuerdos de prolongación de su duración bajo distintos formatos. Se trata de la limpieza de colegios y dependencias municipales, del servicio de transporte público en autobús y de la limpieza viaria, recogida de la basura y tratamiento y eliminación de residuos. Y las tres se encuentran sujetas a distintas vicisitudes justo ahora, después de quedar lastradas, en parte, por las dificultades de tramitación y suspensiones que ha propiciado la pandemia del coronavirus.

La primera de esas contratas (la de la limpieza escolar y de dependencias municipales) sigue en manos de UTE Limpal (la alianza compuesta por Clece y Fissa) más de un año después de que venciese el plazo de concesión de su última licitación. El bipartito acordó la continuidad de la prestación hasta que pudiese disponer de un nuevo adjudicatario y llegó incluso a convocar el concurso para regular el servicio. Sin embargo, lo anuló un mes después para introducir mejoras. En paralelo, acordó un refuerzo adicional (con el lógico incremento de costes) para minimizar riesgos de contagio por la covid-19. 

Ahora, los pagos por el servicio están bloqueados en el departamento de Intervención desde el mes de septiembre, hasta que pueda supervisar toda la información ya requerida sobre costes y plazos, como ha informado este diario. En principio, se espera que el abono de esas certificaciones quede desbloqueado en breve. Y el objetivo del equipo de gobierno es poder convocar el nuevo concurso en el plazo de dos meses. Durante el pasado mandato, el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) adjudicó su prestación en 2018 (también a la segunda convocatoria) por 14,25 millones y dos años de duración. En la licitación anulada por el bipartito, el pasado septiembre, se preveía un presupuesto de 39 millones por cuatro años de duración. El precio del próximo concurso podría superar ese precio.

La segunda de las contratas (el servicio de transporte público en autobús) funciona mediante una prórroga adicional de dos años de duración que vence el próximo 16 de julio. El bipartito ya ha reconocido que tendrá que arbitrar una nueva ampliación de ese contrato para mantener su funcionamiento, puesto que todavía no se ha cerrado el pliego de condiciones para volver a licitarlo. Hasta el momento, no se ha concretado bajo qué fórmula jurídica se va a acordar esa ampliación para que Masatusa siga prestando el servicio que lleva asumiendo desde 1969. 

Por lo pronto, sí se ha completado el Proyecto de Servicio Público (el documento previo en el que se delimitan los objetivos de la prestación, como el mapa de líneas o los costes previstos), que ahora permanece en exposición pública para la presentación de alegaciones. Todo parece indicar que no habrá nuevo adjudicatario hasta principios de 2022. Hasta el momento, su prestación supone un coste próximo a los 13 millones anuales. El nuevo concurso establece que el servicio tendrá un coste de 172 millones a lo largo de diez años, con un desembolso anualizado que irá desde los 17,8 millones de euros el primer año de contrato a los 16,7 el décimo.

La tercera de las contratas (la de limpieza viaria, recogida de residuos, así como su tratamiento y eliminación) seguirá en manos de la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica hasta el próximo septiembre. Dicha alianza empresarial ya ha solicitado formalmente la posibilidad de acogerse a la prórroga de dos años de duración adicional prevista en el pliego de condiciones de 2012. Y, de nuevo, el bipartito también ha reconocido ya que tendrá que acordar algún tipo de prórroga provisional, con la intención de que no quede ligada ese plazo de dos años, sino que pueda quedar extinguida en el momento en el que se disponga de un nuevo o nuevos adjudicatarios. 

Por el momento, el objetivo del departamento de Limpieza es dividir el servicio actual en tres contratos distintos: uno para la gestión del centro de transformación de residuos y vertedero (de 20 años de duración), otro para la limpieza y recogida de residuos (por 8 años) y un tercero para la construcción y gestión de una red de ecoparques y ecopuntos móviles (por 5 años). PP y Cs trabajan con la previsión de que los dos últimos puedan licitarse en verano, lo que supone que su adjudicación puede retrasarse como mínimo hasta el último trimestre del año. El concurso que atañe la gestión del vertedero se retrasará al menos hasta el primer trimestre de 2022. El servicio actual se adjudicó en 2013, bajo el mandato del PP, con un coste de más de 37 millones anuales. Hasta el momento, se desconoce cuál puede ser el precio de licitación de cada uno de esos tres nuevos contratos en los que se pretende segmentar ahora.