ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante ratifica el camino emprendido en febrero y tramita el expediente de resolución del contrato sobre la construcción del parque del barrio de La Torreta (PAU 2) tras rechazar la concesión de una prórroga de 100 días (hasta el 1 de mayo) en el plazo de ejecución que había solicitado la adjudicataria, la UTE Isla de Corfú, compuesta por Ecisa y Construcciones Urrutia (ambas, del grupo Urbas).
Pero no solo eso. Además, apremia a la constructora a proteger las obras ejecutadas hasta el momento, mediante el cierre y vallado de su perímetro, así como a mantener las estructuras, el mobiliario o el arbolado que se haya instalado, hasta que se formalice un nuevo contrato o se inicien los trabajos para finalizar el proyecto.
Así se hace constar en el acuerdo de inicio del expediente de rescisión aprobado este martes en Junta de Gobierno, en el que se constata que la obra se habría ejecutado al 45%, y en el que se rechazan las alegaciones planteadas por la contratista respecto a los requerimientos previos en los que se instaba a acelerar la ejecución de los trabajos.
En concreto, Ecisa y Construcciones Urrutia registraron a finales de enero un primer escrito de alegaciones en el que argumentaban que, durante la ejecución de las obras, se había detectado deficiencias en el proyecto que requerían de trabajos adicionales no previstos, por los que llegó a presentar un modificado sobre el que, según se alegaba, no se había recibido respuesta.
En ese mismo escrito, la UTE adjudicataria argumentaba que había llegado a un momento "crítico" en el que no podía avanzar en la ejecución salvo que se autorizase la incorporación de esos trabajos adicionales y se tuviese la garantía de pago de los nuevos materiales requeridos. Además, también se alegaba que entre el 7 de febrero al 28 de abril de 2022, se registró un episodio precipitaciones reiterada "que afectaron de manera considerable a la infraestructura" y ralentizaron el ritmo de ejecución de los trabajos.
No obstante, la dirección facultativa de las obras respondió en un informe posterior que la exposición de la contratista no justificaba la demora en el cumplimiento de los plazos de ejecución, toda vez que, el pasado junio, sí se autorizó el modificado del proyecto y que, además, se consideró que la realización de los nuevos trabajos previstos no retrasaban el avance de las obras.
Además, en otro informe posterior, fechado en febrero, la dirección facultativa volvió a certificar "el retraso injustificado del plan de obras aprobado y acumulado desde el primer aviso de demora realizado el 13 de julio de 2022" que habría sido "superior a un tercio del plazo de ejecución contractual de las obras establecido en doce (12) meses". Tanto es así que esa demora generó la extinción de los contratos de asistencia técnica a la dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud, con lo que se forzó la paralización efectiva de los trabajos.
De ahí que, a la postre, en ese último informe, la dirección facultativa elevase una propuesta de resolución contractual por el incumplimiento de los plazos de ejecución por causas imputables al contratista, a la que se da trámite ahora. Con el acuerdo aprobado este martes en Junta de Gobierno, se abrió un plazo de audiencia de diez días para la presentación de alegaciones y se notificó el acuerdo a la entidad avalista del contrato ante la previsión de que se acuerde la incautación de la fianza depositada a la firma del contrato.
Tras la resolución de esas alegaciones, se seguirá el trámite habitual con la solicitud de informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) en un recorrido similar al que ya se ha emprendido para la resolución de otro contrato adjudicado a Ecisa, el de la reurbanización de la Plaza de San Blas, que quedó paralizado en septiembre tras la ejecución del 18% de los trabajos previstos. El propósito del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, es convocar dos nuevos concursos para completar la realización de los dos proyectos.