ALICANTE. El paquete de medidas de planificación y prevención frente a episodios de lluvias torrenciales y de generación de posibles avenidas que el Ayuntamiento de Alicante ha decidido acelerar, mediante la constitución de una Mesa Técnica específica tras la catástrofe de la Dana del pasado 29 de octubre, incluirá dos iniciativas vinculadas con la implantación de medios tecnológicos que permitirían mejorar la capacidad de diagnóstico de situaciones meteorológicas adversas, así como la eficacia en el aviso a la ciudadanía expuesta a potenciales riesgos.
Se trata de la incorporación de un radar meteorológico propio para la provincia de Alicante y la amplificación del alcance del sistema de alertas del que dispone la empresa mixta Aguas de Alicante, responsable del servicio de abastecimiento y de la red de alcantarillado de la ciudad: el denominado Sistema Integrado de Prevención y Alerta frente a Inundaciones y Descargas al Medio Receptor (SIPAID).
Por partes. La puesta en marcha de la primera medida no depende del Ayuntamiento de Alicante, sino del Gobierno central. De ahí que la pretensión del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), sea plantear un acuerdo político ante el pleno de la corporación para elevar al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud de instalación de un radar que refuerce la capacidad de predicción de inclemencias meteorológicas en la provincia con el propósito de disponer de información precisa sobre la formación de episodios de lluvias intensas.
Con ello, se contaría con datos certeros y directos, en tiempo real, sobre la evolución del estado de la atmósfera en el ámbito provincial, sin tener que depender de la información cruzada disponible hasta ahora, a partir de los radares posicionados en las provincias de Valencia y Murcia. Con ello, no solo el Ayuntamiento de Alicante, sino el conjunto de ayuntamientos alicantinos dispondría de mayor margen de maniobra para adaptar la respuesta ante fenómenos atmosféricos que pudiesen entrañar situaciones de riesgo, como una dana, en sus respectivos municipios.
El mismo alcalde, Luis Barcala, ya ha anticipado públicamente el planteamiento de esa reivindicación, que podría tener encaje en el proceso puesto en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica para implantar 13 radares más en distintos puntos de la geografía nacional. Y otras formaciones, como Vox, también se han hecho eco de esa misma propuesta, con el registro de una iniciativa para su debate en el pleno de la Diputación.
La segunda iniciativa sí podría quedar, de algún modo, bajo competencia municipal. Se trata de promover la incorporación de sistema de alerta desarrollado por Aguas de Alicante -bajo la ya citada denominación de SIPAID- en la plataforma ARGOS (Advanced Protection of Critical Buildings by Overhauling Anticipating Systems, en su denominación en inglés), lo que permitiría ampliar la difusión de la información captada con ese sistema y hacerla llegar a un ámbito territorial mayor, comarcal o provincial, junto con la difusión de posibles avisos de riesgo que motivasen la adopción de medidas especiales para garantizar la protección de la ciudadanía. Por lo pronto, se pretende plantear un acuerdo en esa dirección en la próxima reunión del consejo de administración de Aguas de Alicante, según ha anticipado también el propio Barcala.
Las dos iniciativas vendrían a complementar el paquete de medidas que ya se habrían activado en la primera reunión constitutiva de la Mesa Técnica de Evaluación de Riesgos por Emergencia, constituida el pasado 8 de noviembre, de la que forman parte técnicos de los departamentos municipales con competencias sobre la materia (Seguridad, Medio Ambiente, Urbanismo e Infraestructuras), sus respectivos responsables políticos y técnicos de la Mancomunidad de l'Alacantí.
En esa primera sesión, se convino la necesidad de promover un diagnóstico actualizado sobre el estado de los cauces y de los barrancos que atraviesan el término municipal, en el que se precisase qué administración asume las competencias en cada uno de sus tramos, ya sea con el fin de promover de forma directa la adopción de medidas de limpieza o mantenimiento o con el propósito de solicitar su ejecución a terceros. Se espera que los resultados de esos informes puedan conocerse este mismo miércoles, cuando se ha previsto una segunda reunión de ese grupo de trabajo.
Por lo pronto, respecto a la planificación del mantenimiento y limpieza de los cauces, fuentes municipales precisaron que el Ayuntamiento viene asumiendo al menos dos campañas anuales de desbroce y limpieza sobre los tramos urbanos de los cauces de los barrancos de Orgegia, Juncaret y Aguamarga, que quedan sistematizadas por contrato en el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, a cargo de UTE Netial.
Además, también por primera vez desde 2022, se vienen ejecutando otras actuaciones similares sobre el cauce del Barranco de las Ovejas -en este caso, con costes fuera de contrato- en el tramo comprendido entre el final de la zona inundable y la circunvalación de la A7. Esa actuación se habría acometido tras solicitar (y obtener) autorización expresa por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como administración con competencias sobre el cauce, mientras que el tramo inundable quedaría bajo la supervisión de Costas. Con todo, portavoces del Servicio Provincial de Costas mantuvieron este martes que la competencia sobre su limpieza recae en el Ayuntamiento. Precisamente, el grupo parlamentario de Sumar registró este martes una batería de preguntas en el Congreso con el propósito de que el Ministerio para la Transición Ecológica precise cuál es la administración competente sobre ese tramo del cauce.
Además, la Mesa Técnica también debía promover la actualización de los planes de prevención de emergencias de los que ya dispone el Ayuntamiento tras su aprobación entre los años 2020 y 2021. De hecho, ya se había alcanzado un acuerdo con la Universidad de Alicante (UA) para que se produjese la puesta al día del Plan de Prevención frente a Inundaciones antes de que se produjese la dana del 29 de octubre, a pesar de que el documento actual podía permanecer vigente hasta 2026.
Por último, hasta el momento también se ha dado a conocer la planificación de nuevas infraestructuras para mejorar la capacidad de drenaje y evacuación de aguas pluviales, al margen de las obras antirriada ya desarrolladas desde las inundaciones de 1997, con planes para construir otros tres parques inundables como La Marjal, así como 12 depósitos antitormentas como el construido en San Gabriel. Eso sí, se trata de infraestructuras a largo plazo, que no contarían ni con fechas ni con financiación concreta.