ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, trata de regularizar la prestación de otro contrato de prestación de servicios de los que depende, en gran parte, el funcionamiento del propio ayuntamiento. Se trata del servicio de telecomunicaciones, por el que se dota de telefonía y de conexión a internet al conjunto de oficinas y dependencias municipales: un servicio que viene operando en precario la compañía Telefónica desde el año 2018, cuando venció el último contrato en vigor.
Salvo imprevisto de última hora, el bipartito aprobará este martes en Junta de Gobierno la convocatoria de un nuevo proceso de licitación para atajar esa situación, en la que se expone al ayuntamiento a tener que aprobar pagos bajo el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito (la fórmula prevista para los gastos no presupuestados).
El concurso parte con una duración de cuatro años, con una posible prórroga de un año más, y un presupuesto de licitación de 4 millones (uno cada año). Si el proceso transcurre sin impugnaciones, la adjudicación del servicio podría cerrarse a finales de 2020 o en el arranque de 2021. No obstante, lo cierto es que esta es la segunda convocatoria relacionada con el servicio, ya que un recurso interpuesto por Vodafone tumbó la primera licitación, aprobada en julio de 2019. Como informó este diario, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) estimó parcialmente el recurso de Vodafone en diciembre de 2019 y obligó al equipo de Gobierno a reiniciar la licitación desde cero, tras considerar acreditado que el pliego inicial colocaba en una situación ventajosa a Telefónica, como argumentaba el recurso de Vodafone.
En concreto, el organismo del Ministerio de Hacienda, advirtió que en la primera licitación se exigía o valoraba determinadas herramientas tecnológicas (como los certificados TIER), así como el hecho de que cualquier licitador que optase al concurso fuese propietario de la red de acceso. Es decir, elementos de los que solo disponía Telefónica, según el TACRC.
Un recurso de Vodafone forzó al bipartito a tener que elaborar un nuevo pliego en diciembre de 2019
La contratación de esa prestación es otra de las licitaciones pendientes que PP y Cs tratan de desbloquear ahora, tras superar su primer año de mandato en común. Junto al servicio de telefonía, se encuentran otras prestaciones como el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales (ahora en fase de elaboración de un nuevo pliego), el servicio de transporte público en autobús (del que ya se ha recibido un primer avance del estudio previo sobre sus condiciones), el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura o el servicio de mantenimiento de zonas verdes (pendiente de la decisión que pueda adoptar el TSJ respecto a la vigencia de la resolución del TACRC, en la que se obliga a volver a valorar a Geamur como licitador válido).
Hasta el momento, ya se ha cerrado la contratación de otros servicios con contratos vencidos, como el de la instalación de escenarios para actos festivos y culturales o el contrato de señalización horizontal y vertical, por ejemplo.
