ALICANTE. Batida de sanciones por el incumplimiento del deber de conservación de inmuebles. El Ayuntamiento de Alicante acaba de notificar la imposición de multas a 63 propietarios por no mantener edificios o solares en buen estado, en cumplimiento de la normativa municipal. En la mayoría de los casos, los inmuebles objeto de sanción corresponden a parcelas urbanas sin vallar o en estado de abandono, en el que se acumula todo tipo de enseres, aunque también se incluyen viviendas que presentan deficiencias en sus fachadas, con el consiguiente riesgo de desprendimiento de cascotes sobre la vía pública.
El importe de las multas de ese paquete de infracciones notificadas ahora fluctúa en función de la gravedad de la infracción y de si se trata de incumplimientos reiterados. Así, las penalizaciones oscilan entre los 20 euros previstos para un inmueble de la calle Padre Mariana y los nada desdeñables 2.940 euros que se imponen a los dueños de un solar situado en la calle Burgos. Eso sí, la mayoría de las penalizaciones se sitúa entre los 300 y los 600 euros.
En realidad, su recaudación no supone un ingreso cuantioso para el ayuntamiento, ya que el conjunto de las multas suma un importe global de 32.767 euros. Sin embargo, cada una de ellas, de manera individual, sí podría conseguir el efecto pretendido: que los respectivos propietarios subsanen las infracciones detectadas por los técnicos de Conservación de Inmuebles.
Los 63 expedientes de sanción se iniciaron en 2019 y se notifican ahora, mediante la publicación de un edicto, al no poder entregarse de manera efectiva a los titulares de esos inmuebles. Y lo cierto es que afectan a propiedades distribuidas en todo el término municipal: desde la Plaza de Luceros hasta la avenida de Dénia, pasando por la calle del Carmen, Bilbao o el Bulevar de Teulada.
Como informó este diario, a partir de ahora, la labor de supervisión de Conservación de Inmuebles contará con un respaldo externo: la contratación de un servicio específico para ejecutar el acondicionamiento de solares en estado de abandono de manera subsidiaria, repercutiendo, después, el coste de la intervención a los propietarios. Se trata de un contrato ahora en fase de licitación por el que concurren hasta diez empresas interesadas.