El portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido. Foto PEPE OLIVARESALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, recurrirá ante el TSJ la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 1 que obliga a indemnizar a la promotora de viviendas turísticas en el campo de golf de El Plantío con 19 millones de euros por conceder una licencia indebida a ese proyecto.
El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, ha confirmado que ya se ha solicitado a la asesoría jurídica informes para sustanciar ese recurso. Como valoración política sobre ese fallo, ha instado al portavoz del PP, Luis Barcala, a explicar por qué bajo su mandato se concedían licencias que no se debían conceder, que ya han forzado al Ayuntamiento a pagar más de 18 millones a Hansa Urbana por apropiarse de más aprovechamiento urbanístico del que correspondía como cesión a la administración.
De convertirse en firme, con esta sentencia Alicante quedaría obligada a pagar casi 40 millones por "pufos urbanísticos del PP". "Imagínense qué inversiones se podrían llegar a ejecutar con esa suma", ha añadido.
Por su parte, el alcalde, Gabriel Echávarri, ha reprochado también la gestión del PP y ha insistido en que además de las indemnizaciones por la apropiación de aprovechamientos indebidos o licencias que no se debían haber concedido, los 20 millones a Hansa y los 24 por El Plantío (19 millones de principal más los intereses), se debe añadir los 50 millones que se han pagado para cubrir deuda municipal por su "nefasta gestión económica".
"Ya está bien de que esto lo paguen los alicantinos, exijo que el señor Barcala comparezca, pida perdón y se vaya a su casa", ha dicho. "Yo presenté el recurso como abogado por parte del PSOE contra esa licencia porque estaba claro que no debía concederse; había una empresa que salía ganando sí o sí, al levantar viviendas en suelo no urbanizable de especial protección, y por tanto extraía un beneficio que no le correspondía, o porque podía obtener indemnizaciones futuras", ha añadido.
El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), también ha abundado en las críticas a la gestión del anterior equipo de Gobierno. "Estamos ante otro pufo más del PP que tenemos que gestionar y otro ejemplo más de la negligente gestión del lamentable tándem Castedo-Alperi del urbanismo de la ciudad", ha apuntado. "Se trata de más de 20 millones de euros que tendríamos que pagar si la sentencia que da parcialmente la razón a El Plantío se hace firme; todo por otorgar Castedo una licencia a todas luces ilegal al incumplirse la Declaración de Interés Comunitario de 1993, la única que ampara el complejo de golf tras varios intentos fallidos de modificar la DIC para legalizar lo ilegalizable, uno de ellos también anulado en los tribunales gracias a un recurso que presentamos conjuntamente Esquerra Unida y Ecologistas en Acción", ha abundado.
A su juicio, "esta es la buena gestión del PP en Alicante, se les debería caer la cara de vergüenza. De momento, desde el Ayuntamiento vamos a recurrir en apelación ante el TSJ la sentencia para evitar que adquiera firmeza y el consiguiente quebranto económico que supondría para las arcas municipales su ejecución". "De nuevo estamos ante casos de licencias o planes parciales que el PP aprobó y que nunca debieron aprobarse por su manifiesta ilegalidad, como la licencia de los bungalows de Tabarca que invaden la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, la licencia de las viviendas que ocupan el entorno de protección del BIC de la Torre Placia o el propio Plan Rabasa, unas aprobaciones que posteriormente tumbaron los tribunales", ha proseguido.
"El PP ha actuado de forma irresponsable y temeraria aprobando licencias o planes que favorecían intereses particulares en perjuicio del interés general, unos perjuicios que se concretan en forma de reclamaciones patrimoniales como la exigida por El Plantío o por Enrique Ortiz en el caso del Plan Rabasa y que podrían costar a todos los alicantinos y alicantinas muchos millones de euros", ha concluido.
El Ayuntamiento de Alicante también se va a ver obligado a trasladar un Bien de Interés Cultural (BIC), la Torre Placia, después de que otra sentencia haya confirmado que se autorizó la construcción de viviendas en el entorno protegido de ese bien, también en la etapa de Gobierno del PP. Ese traslado puede suponer un coste de más de ocho millones.
La portavoz de Ciudadanos (Cs), Yaneth Giraldo, también ha coincidido en dirigir sus críticas contra la gestión del PP. "Alicante sigue hipotecada por los excesos urbanísticos del PP y la falta de rigor que hubo en el boom del ladrillo", ha dicho. "Los nombres de Alperi y Castedo siguen pesando mucho; el importe de la indemnización que ha marcado el juez puede hipotecar seriamente las arcas municipales, pero la lección que extraemos de todo esto es que hay que ser mucho más rigurosos y serios en la expansión urbanística", ha añadido, al valorar el contenido del fallo de primera instancia sobre la licencia de El Plantío.
