Algunos de los veladores distribuidos en la calle Castaños, en pleno Centro. Foto: RAFA MOLINA El tripartito rechaza los recursos contra la suspensión de licencias de construcción y ampliación para locales con ambientación musical presentados por representantes del Grupo Coves, propietarios de una extensa cadena de recreativos y bingos, entre otras empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria. El acuerdo confirma que no se concederán más autorizaciones hasta dentro de un año para evitar las molestias asociadas a los locales de ocio y los veladores
ALICANTE. El blindaje del Centro continúa y no habrá más licencias de construcción, ampliación o acondicionamiento para abrir pubs, restaurantes o cualquier otro tipo de local con ambientación musical al menos hasta el verano de 2017. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el tripartito en situación de minoría compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, ratificó este martes la suspensión de permisos -aprobada el 28 de julio de 2016 para frenar la proliferación y concentración de locales de ocio en las calles del Centro y Casco Antiguo- frente a los recursos presentados en septiembre por tres empresarios vinculados al sector inmobiliario y al de los juegos de azar que se consideraron afectados.
Dos de esos recurrentes comparten apellidos más que conocidos por el volumen de negocio de sus sociedades. Se trata de dos de los responsables del Grupo Coves -Vicente y José María Coves Selva- que manejan una extensa cadena de establecimientos dedicados a los juegos de azar (fundamentalmente bingos y salas recreativas), además de otras mercantiles centradas a la promoción inmobiliaria radicadas en las provincias de Alicante y Valencia. Como publicó Alicante Plaza, la familia gestiona una sicav (sociedad de inversión de capital variable) que mueve nada menos que 11,61 millones bajo el nombre de Gavijosa Finanzas. Basta sólo un último dato para dar cuenta de la envergadura de su imperio: entre los dos, Vicente y José María, acumulan cargos de representación en 235 sociedades.
Esas cifras no constituyen, en cualquier caso, ningún argumento de peso para que el ayuntamiento haya podido tener en cuenta sus objeciones frente a la congelación de las licencias. En realidad, en líneas generales los tres recurrentes presentaron alegaciones similares para exigir que esa medida quedase sin efecto. En primer lugar, alegaron que las obras de ampliación, reforma o acondicionamiento de un local o vivienda no quedan reguladas en la Ley de Ordenación de la Edificación y por lo tanto no deben incluirse en un régimen de suspensión de licencias. En segundo término, incidieron en que la Junta de Gobierno no es competente para acordar ese veto para actividades que quedan al margen de la citada ley. Como tercer punto, recalcaron que las solicitudes de licencia que, al parecer, habían registrado antes de aplicarse la suspensión no debían quedar afectadas por esa decisión. Y, por último, anticiparon la posible petición de una compensación como reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la administración al apuntar que con la suspensión se estaba modificando una actividad a través de un cambio normativo.
Los servicios jurídicos matizan que sí podrían obtener licencia de construcción aquellas solicitudes no contestadas que se hubiesen presentado hasta tres meses antes de la entrada en vigor de la suspensión
El tripartito, no obstante, acabó desestimando los recursos este martes en base al informe de los servicios jurídicos adscritos a la Concejalía de Urbanismo. El dictamen avala la plena legitimidad del acuerdo de suspensión al estar ajustada a la legislación sobre la materia y se puntualiza que ese veto a la concesión de nuevos permisos sólo dejará al margen a aquellas peticiones de licencia que no se hubiesen resuelto en el plazo de entre uno y tres meses (en función de cada supuesto) que marca la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) para su resolución. Es decir, que sí podrían obtener licencia de construcción aquellos proyectos no contestados que se hubiesen presentado hasta tres meses antes de la entrada en vigor de la suspensión.
El veto a las licencias se extiende a las peticiones encaminadas a construir, ampliar o acondicionar locales destinados a la implantación de cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, salas de fiesta, discotecas, salas de baile, pubs, salón-lounge, restaurantes, bares, cafeterías y salones con música, casinos, salones de máquinas de azar, bingos y otros locales de renión con ambientación o amenización musical. La medida se presentó en el momento de su aprobación como una fórmula para mitigar las molestias por ruido generada por los locales de ocio y de restauración con veladores en el entorno de la calle Castaños y adyacentes, frente a los excesos asociados al fenómeno conocido como el tardeo.
La Junta de Gobierno también dio este viernes un primer paso para tratar de desbloquear el funcionamiento del Ayuntamiento y de los servicios que se prestan mediante la contratación temporal de unos cincuenta empleados. El acuerdo adoptado se limita en una primera fase a establecer qué áreas y funciones deben considerarse como prioritarias, ya que tanto la legislación estatal como el plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento hasta el año 2022 impide el desarrollo de convocatorias de empleo público que amplíen la plantilla municipal. Sin embargo, según explicó el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez, sí existe la posibilidad legal ya avalada por diversa jurisprudencia de recurrir a contrataciones que tengan por objeto dar cobertura a necesidades urgentes e inaplazables.
Recursos Humanos espera cubrir unas 50 plazas para funciones urgentes e inaplazables y se contratará a otras 33 personas a través de un programa del Consell para acondicionar refugios
Con la delimitación de esas áreas prioritarias, Recursos Humanos procederá a cribar las peticiones justificadas de cada departamento municipal para iniciar esas contrataciones, siempre sin ampliar los gastos de personal. Los costes de esos contratos correrán a cargo de los costes previstos para plazas vacantes (por jubilaciones, etc.) que el ayuntamiento ha venido presupuestando (sin poderlas cubrir) por imperativo legal. Giménez admitió que no se podrá satisfacer todas las demandas de las diversas concejalías y que se primará las que sean indispensables. Sobre el refuerzo de personal solicitado por el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, para desbloquear asuntos como la tramitación de licencias o avanzar en la elaboración del nuevo Plan General, adelantó que probablemente no se pueda llegar ni a la mitad de sus peticiones (12 personas más otras cinco en tasas de reposición, plazas de interinos que deberían transformarse en plazas de funcionarios de carrera mediante la pertinente oposición abierta).
El tripartito también aprobó, por último, el inicio de los trámites para contratar temporalmente a 33 personas desempleadas, a partir de un programa aprobado por la Dirección General de Empleo de la Generalitat, que permitan impulsar el acondicionamiento de la red de refugios de la ciudad que todavía no son visitables. El programa cuenta con una aportación de 469.000 euros.
