Los desfibriladores, almacenados en cajas. ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Sanidad, acaba de solicitar autorización a la Generalitat para poder instalar equipos desfibriladores en el Mercado Central (y, al parecer, también en el resto de mercados municipales) con el propósito de que puedan estar operativos en caso de emergencia para atender un posible caso de parada cardíaca pese a no disponer de un certificado que avale su correcto funcionamiento con la firma del médico municipal, jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. Fuentes municipales confirmaron, a preguntas de Alicante Plaza, que esos equipos permanecen guardados en cajas desde su adquisición, hace más de un año, sin que hayan llegado a ponerse nunca en funcionamiento y, por tanto, sin poder ser utilizados en caso para intentar una posible reanimación. Al menos, no en el Mercado central ni el resto de mercados municipales, aunque sí se instalaron en dependencias deportivas, a instancias del Patronato Municipal de Deportes.
Fuentes sindicales consultadas por este diario apuntaron que para que se produjese esa instalación en el Mercado Central, así como en el resto de mercados y otras dependencias municipales, debía certificarse su correcto funcionamiento. Esa circunstancia debía quedar avalada por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, el funcionario que ocupa la jefatura de ese departamento, el médico municipal Andrés García (uno de los tres precandidatos inscritos en la carrera de las primarias del PSOE para elegir a su candidato a la Alcaldía, avalado por la dirección local y regional del partido como aspirante sin carné socialista), pidió que se le aplicase un complemento salarial para poder hacerse cargo de esa tarea, no prevista hasta ese momento entre sus funciones, al considerar que se trataba de una carga de trabajo adicional con un incremento de la duración de su jornada laboral.
Así constaría, de hecho, en el informe que él evacuó al respecto. La Concejalía de Recursos Humanos impulsó la propuesta de acuerdo para que se aplicase esa productividad, durante la etapa en la que dichas competencias recaían en el edil socialista Carlos Giménez, y el acuerdo se debatió en una mesa de negociación a principios de noviembre de 2017 junto a otras propuestas de productividades a otros funcionarios.
Los equipos están guardados en cajas desde hace más de un año, sin llegar a entrar en funcionamiento
La propuesta que correspondía al jefe de Prevención establecía un complemento salarial de 745,38 euros mensuales por el desarrollo de actividad extraordinaria. En concreto, se trataba de "la realización de las funciones técnicas derivadas de la instalación de desfibriladores en todos los centros y vehículos municipales", además de su control de mantenimiento y conservación. En el acuerdo, se recogía que, según el informe del propio jefe de Prevención, esa labor requería una dedicación de unas 300 horas anuales.
Según pudo comprobar Alicante Plaza, la propuesta -que se debatió de forma global, para el conjunto de las productividades previstas, pese a que se solicitó que se votasen por separado- quedó aprobada con el respaldo de los representantes de PSOE, Guanyar y Compromís que entonces todavía compartían responsabilidades de gobierno. PP y Ciudadanos se abstuvieron, mientras que la parte social (los representantes sindicales de los trabajadores) votaron en contra. Con todo, se produjo una resolución posterior a partir de un informe del interventor municipal en el que se consideraba que no correspondía asignar esas productividades. ¿El resultado? Nadie firmó los certificados para instalar esos desfibriladores, que siguen sin uso, pese al gasto público que se efectuó en su compra.
