La concejala de Servicios Sociales de Alicante, Julia LlopIs. Foto RAFA MOLINAALICANTE (EP). La concejala de Servicios Sociales de Alicante, la 'popular' Julia Llopis, ha presentado un escrito de alegaciones al proyecto de decreto del Consell de Servicios Sociales por el que reclama la suspensión de la tramitación del decreto "hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado a la ley".
Además, la concejala considera que en los términos que se está tramitando el desarrollo de la ley "quedan en la indefinición muchos conceptos que deben ser concretados" para que los ayuntamientos conozcan el coste real de los servicios que deberán dar y la repercusión que los mismos van a tener sobre los presupuestos. Así, ha argumentado que las corporaciones locales están sometidas "a la regla de gasto" y que esta limita su "capacidad de actuación".
Para la edil, esta norma exigida a todos los ayuntamientos "puede verse completamente rebasada si no se concretan una serie de cuestiones previas sobre el ámbito de actuación y las personas susceptibles de ser incluidas en el plan de actuación, así como otras referidas a los recursos humanos que han de adscribirse al sistema y las prestaciones que debe realizar la administración municipal".
Llopis estima así que el decreto en tramitación "crea dudas razonables acerca de la financiación de determinados servicios que la ley obliga a prestar a los ayuntamientos y en concreto al de Alicante, no aclara conceptos jurídicos sobre el ámbito de actuación y personas susceptibles de recibir las ayudas y deja en el aire parámetros o ratios de servicios de personal".
"Con estos mimbres, el contrato programa, que se articula como la pieza básica de financiación y coordinación de servicios, puede resultar una mera declaración de intenciones sin posibilidad de desarrollo e implementación efectiva, pues los fondos para su financiación puede que sean imposibles de sufragar", ha sostenido.
Finalmente, ha opinado que ese aumento del gasto social por asumir competencias autonómicas "sólo se podría asumir recortando otros servicios públicos básicos u obligando a los ayuntamientos a subir impuestos para poder costearlos. Es por eso por lo que el Ayuntamiento exige más concreción a la Generalitat".
El posicionamiento de Llopis contrasta con el de su compañero de corporación y de partido, Carlos Mazón, a su vez, presidente de la Diputación de Alicante, que el lunes mantuvo una reunión con la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Ambos mostraron entendimiento y acordaron poner en marcha varios instrumentos incluidos en la nueva ley valenciana de Servicios Sociales.
