Carlos Mazón y Mónica Oltra, en la entrada a la Diputación de Alicante. Foto RAFA MOLINAALICANTE. Sintonía total y mucha voluntad de acuerdo que pretenden que se concrete en medidas ejecutivas. De esta manera, se ha saldado la reunión entre el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en el primer encuentro de ambos, y en el que se han comprometido a iniciar el traspaso de las competencias sociosanitarias, que ahora presta la institución provincial de Alicante -como el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y el servicio de teleasistencia- a la Generalitat Valenciana, tal y como exige el Estatuto de Autonomía. Esta era una reivindicación del PP, que durante el pasado mandato cifró en 10 millones de euros, y que el Gobierno de Sánchez solicitó que se ejecutara el traspaso o que la Generalitat asumiera los costes. Mazón y Oltra se han comprometido a concretar el traspaso en este mandato, y haciéndolo con todas las garantías tanto para los usuarios como para los trabajadores de todos los organismos afectados.
Asimismo, han acordado crea una mesa técnica -como ya la había en el anterior mandato- para ordenar los servicios sociales entre las diferentes administraciones y favorecer el desarrollo de la Ley Valenciana de Servicios Sociales. Esta mesa técnica, en la que está Xavier Uceda, de la Conselleria de la Políticas Inclusivas, y los representantes de las tres diputaciones; es decir, también València y Castellón. Y en esta mesa, además del traspaso de las competencias impropias, también se abordará el plan de infraestructuras sociales, que en el caso de Alicante lleva más retraso, pues en el mandato pasado no se concretó ninguna actuación.
De esta manera, y de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales, los municipios de menos de 20.000 habitantes serán competencia de la Diputación y los de más, de la Generalitat Valenciana. Y en cuanto al sistema de funcionamiento, los ayuntamientos serán los que deberán ceder el solar o el edificio sobre el que se harán las actuaciones; la diputación aportará financiación, y la gestión será competencia de la conselleria.
Pese a que el PP a nivel nacional recurrió esta ley, la de los Servicios Sociales, ante el Constitucional, Mazón ha querido separar el ámbito jurídico del político. "Lo que estamos aquí abordando hoy son cuestiones políticas; las judiciales tienen otro camino; y lo que se trata es de ordenar los Servicios Sociales en toda la Comunitat Valenciana, algo que no se ha hecho desde que tenemos Democracia", ha afirmado. Mazón ha puesto en valor que la Conselleria de Políticas Inclusivas respete la opinión y el sentir de la Diputación de Alicante, y que al mismo tiempo se le haga partícipe de las decisiones que se toman en un futuro. "Lo dije en mi discurso de investidura: más provincia de Alicante, más Comunitat Valenciana", ha recalcado ante Oltra, quien ha puesto en valor el conocimiento que el propio Mazón tiene del funcionamiento de la conselleria.
El presidente de la Diputación de Alicante, cargo al que accedió "hace apenas 17 días", ha señalado que darán "un acelerón en las próximas semanas" para la reordenación de los servicios sociales. "No estamos hablando de vaciar nada ni de minorar la presencia de ninguna provincia o de las diputaciones" en este ámbito, ha advertido.
De esta forma, "a principios de septiembre", según Oltra, se negociarán las condiciones de este pacto, en el que ambos aseguran tener una "sintonía total". En cualquier caso, la intención de la consellera es que la reordenación quede definitivamente constituida "en esta legislatura".
En el transcurso de la reunión también se ha fijado que las diputaciones se harán cargo, como establecía el decreto del Consell, de la "financiación de los servicios sociales de base" en municipios cuya población varía según la provincia en que se encuentren. En Alicante serán menores de 20.000 habitantes, en Valencia, de 15.000, y en Castellón, de 10.000.
Este reparto se ha hecho, según Oltra, "para que las tres diputaciones asuman más o menos el mismo esfuerzo presupuestario", ya que en los tres casos comprende "en torno a un 21 o 22 % de la población", ha especificado Oltra.
En este punto, Mazón ha avanzado que propondrá un "mecanismo corrector" en este apartado del decreto que se aleje del "criterio transversal" y se dedique a la "atención específica" que requiera cada caso en cada municipio.
