Un momento del encuentro mantenido entre el equipo de Gobierno y representantes de CEV.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante amplia el alcance de su paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria sobre el tejido productivo local y tratar de relanzar la economía en el momento en el que se dé por zanjada la situación de emergencia y se levanten las restricciones que conlleva la declaración del Estado de Alarma.
Al margen de medidas como el aplazamiento en el pago de impuestos y tasas municipales, ya anunciadas el miércoles, el equipo de Gobierno compuesto por PP y Cs comprometió este jueves la puesta en marcha de un plan de rescate para micropymes, pymes, autónomos y el conjunto de empresas de implantación en Alicante en el que se canalizarían ayudas directas, así como la apuesta por fórmulas de colaboración público-privada, la adecuación y modernización de los polígonos industriales y la ampliación de suelo industrial.
Ese conjunto de iniciativas tendría una duración mínima de dos años, 2020 y 2021, por lo que deberá tener reflejo tanto en el presupuesto que se aprobó inicialmente este lunes (con la abstención de PSPV-PSOE, Compromís y Vox, y el voto en contra de Unides Podem) mediante modificaciones de crédito, como en las cuentas que se elaboren para el próximo ejercicio. Así se expuso en el transcurso de la comisión mixta creada junto a CEV Alicante desde el inicio de la crisis del coronavirus para compartir propuestas y posibles soluciones.
El problema, no obstante, es que ese programa sigue cojo por lo que respecta a su financiación. El bipartito no pudo concretar este jueves cuál sería la dotación económica prevista para hacer frente a ese paquete de actuaciones, ayudas y medidas fiscales por dos cuestiones esenciales. La primera, que todavía no se ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2019 y, por lo tanto, se desconoce cuál es el superávit (ingresos percibidos por encima de lo previsto) y el remanente de crédito (dinero no gastado) del que se dispone.
Fuentes municipales precisaron que esas cifras podrían conocerse en los próximos días, como suele ser habitual, todos los meses de abril. Por lo pronto, sí se dispondría de un dato que podría resultar orientativo: el Ayuntamiento cerró el ejercicio presupuestario de 2018 con un remanente de 28,6 millones (28.669.687 euros). El año 2019 podría arrojar datos similares o incluso superiores si se tiene en cuenta que el presupuesto se aprobó definitivamente a finales de abril y que se cruzó con el inicio de la campaña electoral de mayo.
El remanente de 2018 superó los 28,6 millones, por lo que se podría disponer de una cifra al menos similar para contribuir a sufragar el programa de estímulo a la economía
La segunda cuestión escapa a la capacidad de maniobra del propio Ayuntamiento. Se trata de la regulación que acabe concretando el Ejecutivo central sobre el uso de esos recursos municipales (superávit y remanente) del conjunto de los ayuntamientos del país ante la posibilidad de que sea el Estado el que centralice su disposición para organizar su distribución también en ayudas frente a la crisis del coronavirus.
La posición que maneja el bipartito, y que se comunicó este mismo jueves a los grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) a través de una Junta de Portavoces, se alinea con la defendida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, a grandes rasgos, que se acuerde una flexibilización de la regla de gasto con el fin de que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para acometer gasto social; que se permita asumir políticas de empleo que, aunque no forman parte de las competencias locales; y que se garantice el uso del remanente para poder dedicarlo al impulso de la actividad económica y la atención social.
Según las fuentes consultadas, en el transcurso de la Junta de Portavoces se detalló que, tras cubrir las operaciones pendientes de pago (OPAs) y el coste de las inversiones financieramente sostenibles de 2018, se podría utilizar el 20% del remanente sobrante para sufragar medidas para la reactivación económica. Con todo, sería una posibilidad sujeta a la determinación definitiva que pueda adoptar el Gobierno.
Sea como fuere, el primer edil, el popular Luis Barcala, sí confirmó a petición del portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que se aplicaría la partida destinada en el presupuesto de 2019 a ayudas en el pago del IBI para familias con dificultades económicas. Se trata de una posibilidad que continúa activa, puesto que las cuentas del ejercicio pasado están prorrogadas y en vigor y lo seguirán estando al menos hasta el mes de mayo, cuando podría aprobarse de forma definitiva el nuevo presupuesto de 2020, ahora con su fase de exposición al público suspendida.
En paralelo, el primer edil también emplazó este jueves al Consell a seguir los pasos adoptados por la Comunidad de Madrid de modo que la Generalitat asuma el pago de las cuotas de los autónomos correspondientes a los meses de marzo y abril "porque necesitamos ayudas y medidas reales que ayuden directamente a nuestros autónomos, porque nuestro tejido productivo depende en gran medida de ellos y no pueden ser siempre los olvidados".
