Una de las movilizaciones de protesta frente al desarrollo del proyecto de los depósitos en el Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante trata de pertrecharse de todos los elementos de juicio posible antes de decantarse por la interposición de un previsible recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce la concesión de licencia ambiental a la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto. Uno de esos elementos a valorar es la posibilidad de que, a la postre, la compañía promotora de esos tanques de carburantes acabe solicitando una indemnización por el retraso en la obtención del permiso que el alto tribunal autonómico concede ahora por silencio administrativo positivo. Es decir, por la demora en la respuesta municipal a la hora de resolver sobre la autorización demandada por la empresa, que registró el proyecto ante la Concejalía de Urbanismo por primera vez en el año 2013.
De ahí que, entre otros puntos, uno de los elementos clave que se pretende dilucidar mediante la presentación de un incidente de aclaración de sentencia es el momento concreto en el que el TSJ estima que se debe considerar reconocido el derecho a la obtención del permiso, ya que de ello podría acabar dependiendo la determinación de un cálculo económico sobre posibles compensaciones que estarían en juego, en el supuesto de que el Ayuntamiento certificase la interposición del recurso ante el TS y que, en último término, se acabase confirmando una resolución favorable a XC Business. Esa hipótesis permitiría que la empresa pudiese reclamar una indemnización por el perjuicio ocasionado, al no poder llevar a cabo su proyecto durante varios años.
De ahí que el propio alcalde, Luis Barcala, dejase entrever este lunes, en una comparecencia pública tras asistir a la presentación de otros cuatro autobuses 100% eléctricos en la flota del servicio de transporte público urbano, que la fecha en la que se considere el reconocimiento del permiso municipal podría ser un elemento trascendental a considerar. "Hay una serie de extremos en los que entendemos que la sentencia se tiene que pronunciar, que eran objeto del pleito y del recurso, que no han sido mencionados en la sentencia del TSJ; en función de cuál sean las respuestas a esa petición de aclaración, que pueden ser varias, decidiremos la interposición o no del recurso de casación", apuntó, pese a que, en principio, la casación continúa siendo la primera opción que se estaría barajando a la vista de la existencia de sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que habrían anulado la concesión de licencias por silencio administrativo positivo, entre otros elementos que respaldarían la posición municipal.
"Una de las cuestiones a establecer, en esa aclaración y en ese posible recurso, es determinar, si procede una indemnización porque se reconoce el derecho de la empresa [a la obtención de la licencia], desde cuándo se computa, porque la variación puede ser considerable", apuntó. "Nosotros lo tenemos clarísimo el cuándo", añadió, sin llegar a precisar en qué momento, aunque todo parece indicar que se interpretaría que solo podría reconocérsele el derecho a la concesión del permiso desde finales de 2023, cuando XC Business 90 presentó la última documentación requerida por la Concejalía de Urbanismo para completar el expediente.
Al respecto, Barcala solo señaló que "se trata de una cuestión sumamente técnica que viene en los escritos que se han presentado; no es lo mismo establecer una compensación desde hace seis años o desde el pasado diciembre, por poner dos ejemplos", insistió. Además, añadió que el proceso de implantación de la planta de carburantes no está únicamente sujeto al litigio sobre la concesión de la licencia ambiental, en la medida en que, según insinuó, todavía deben dilucidarse otros aspectos y autorizaciones, por lo que consideró que el hecho de que pudiese acabar desistiéndose de la vía del recurso de casación no supondría que el Ayuntamiento perdiese una posición de fuerza para poder negociar con la empresa la búsqueda de un emplazamiento alternativo para su proyecto. "Hay que se responsables en este tema, porque jugamos con intereses de empresas y con los intereses de los alicantinos, y esto es tiempo y es dinero, y tenemos que buscar la mejor solución posible para los alicantinos", enfatizó.
En cualquier caso, insistió en que "hay tiempo para valorar" sobre la oportunidad de explorar la vía de la casación. Es más, señaló que el Ayuntamiento podría tener margen hasta finales de junio o mediados de julio para tomar una decisión definitiva. "Queremos que las cosas se hagan bien, bien fundadas, y ese es el escenario en el que estamos", tras apuntar que ya se está manteniendo distintos contactos con colectivos vecinales para informarles sobre los pasos que se están adoptando.
"Están todas las alternativas abiertas y queremos tomar la mejor decisión posible", insistió, para recalcar que el objetivo último continúa siendo evitar "salvo que así lo acabe obligando una resolución judicial" la instalación de los depósitos en el Puerto. "Están todas las alternativas sobre la mesa", añadió, "e incluso una hipotética negociación con la empresa también iría en ese sentido", recalcó, al referirse a un posible traslado de las instalaciones planteadas a otro emplazamiento distinto.
