ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PP y Cs, da el primer paso para conseguir la continuidad del funcionamiento de la estación provisional de autobuses en terrenos del Puerto de Alicante. En concreto, como avanzó el edil de Transportes, Manuel Villar, en el pleno ordinario de junio, celebrado este jueves, se trata del inicio de acciones legales para que sea un juzgado el que garantice la prolongación de ese acuerdo, como mínimo de manera temporal.
Así, los servicios jurídicos municipales han presentado un recurso contencioso-administrativo frente a la caducidad de ese convenio en el que solicitan la suspensión del acto en el que debería producirse la firma del acuerdo sobre la reversión de las instalaciones (el edificio de la propia terminal), como medida cautelarísima. Ese acto, según ese contencioso, ya ha sido convocado por la Autoridad Portuaria para el próximo 1 de julio. Es decir, un día después de que expire la duración de la última prórroga del convenio de cesión del suelo.
Como viene informando Alicante Plaza, la reversión de las instalaciones es una de las condiciones que, según la Autoridad Portuaria, quedó reflejada en el convenio regulador de la ocupación de la parcela, firmado en el año 2006. Ahora, tras la extinción de ese acuerdo, con una duración inicial de 10 años, pero ampliado en otros cuatro años adicionales más, el edificio -que supuso una inversión de tres millones de euros- debería pasar a manos de la Autoridad Portuaria, al tiempo que se debería acordar un nuevo convenio con el Ayuntamiento para regular su funcionamiento. Ese nuevo acuerdo conllevaría una actualización de las tasas por la ocupación del suelo, dado que no se han modificado desde hace 14 años.
No obstante, el Ayuntamiento sostiene que parte de esas condiciones son inasumibles, por lo que ya ha dado curso a ese primer contencioso con la intención de mantener la titularidad del edificio y poder prolongar su funcionamiento actual, como espacio para la organización de las conexiones regulares de autobús entre Alicante y otros municipios.
En la petición de suspensión cautelar de la reversión de la instalación, se alega, entre otros puntos, que existe una concesión en vigor que rige la explotación de la terminal provisional de autobuses, en manos de Vectalia y Enatcar. Además, se esgrime que existe un error en el cómputo de periodo establecido para la cesión de uso de la parcela (en concreto, según el ayuntamiento, el vencimiento se produciría a finales de julio). Y se apunta, también, que existe predisposición del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria por llegar a un nuevo acuerdo sobre la continuidad de la estación. Por último, se considera que la reversión del edificio supondría que dejase de prestar el servicio actual, al menos hasta que no se firmase un nuevo acuerdo que habilitase a la Autoridad Portuaria para que la estación siguiese prestando el servicio actual.
Barcala solicita la mediación de la Generalitat, al ser la administración competente sobre el transporte interurbano, y confía en llegar a un nuevo acuerdo en el que se evite el incremento de tasas
Por lo pronto, el propio alcalde, Luis Barcala (PP), se ha referido este viernes a la controversia sobre la terminal provisional para señalar que se debe contar con la mediación de la Generalitat, ya que es la administración competente sobre el servicio de transporte interurbano y quien debe velar por su continuidad, en el caso de que no se pacte una salida que permita mantener el funcionamiento de la terminal.
Además, ha indicado que se sigue tratando de negociar con la Autoridad Portuaria para alcanzar un nuevo acuerdo en el que deberían resolverse dos cuestiones esenciales. La primera, si corresponde que se lleve a cabo la reversión del edificio en favor del Puerto, ya que, según ha indicado, existen informes contradictorios sobre la cuestión: los que maneja la Autoridad Portuaria apuntan que sí, mientras que los elaborados por el Ayuntamiento lo niegan.
La segunda cuestión a resolver es el importe de las tasas a satisfacer por parte del ayuntamiento, en el caso de que progrese la negociación de un nuevo acuerdo por la ocupación de la parcela. Según el primer edil, no es momento de que se produzca un incremento, que podría suponer cerca de 100.000 euros anuales más.
En todo caso, como ya informó este diario, la Autoridad Portuaria sigue abierta a una negociación para resolver un conflicto que, según se sostiene, se podía haber evitado, ya que el Ayuntamiento era consciente de que la prórroga vencía este mes de junio. Eso sí, portavoces oficiales consultados han insistido en que quien debe solicitar que se tramite una nueva cesión de la parcela debe ser el Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha reaccionado a la interposición del contencioso municipal para asegurar que "Barcala llega tarde, una vez más, y ahora tenemos el lío de la estación de autobuses. Se le van acumulando los líos. No ha hecho nada, no ha negociado, no ha llegado a acuerdos con Autoridad Portuaria y llega la fecha en que se tiene que renovar la concesión de la estación de autobuses y no hay nada hecho", ha apuntado. "¿Y qué hace? Lo de siempre tirar balones fuera, tirar la culpa a otras administraciones, irse al juzgado para buscar soluciones no amistosas. Lo que tiene que hacer es sentarse con la Autoridad Portuaria, llegar a un acuerdo y que, lo antes posible, este nuevo lío en el que nos ha metido el bipartito y su imprevisión y su falta de gestión se pueda solucionar", ha concluido.
El portavoz socialista, Paco Sanguino, también ha valorado la interposición del contencioso para preguntarse sobre cuál es "el plan B" que maneja el equipo de Gobierno respecto al funcionamiento de la terminal de autobuses. "Una vez que el señor Barcala ha reconocido que no está realizando ninguna gestión con la Autoridad Portuaria para renovar el convenio de la Estación de Autobuses, contrato que expira el día 30 de junio, el grupo socialista se pregunta cuál es el plan b de este equipo de Gobierno para que Alicante no pierda esta instalación", ha apuntado, a través de un comunicado.
Sanguino ha apuntado que fue el propio alcalde el que firmó textualmente "la última prórroga con el Puerto y ahora resulta que lo único que se les pide es un imposible, firmar más prórrogas. ¿Es la gestión de este alcalde una improvisación infinita de prórrogas para todo?". En esta línea, ha señalado que "Barcala es el primer alcalde de Alicante que es incapaz de convenir con el Puerto desde que existe la estación. Si Alperi, Castedo, Valor o Echávarri no tuvieron problema para negociar y firmar con el Puerto y no generar problemas gratuitos a los ciudadanos, ¿por qué Barcala es el primer alcalde incapaz de convenir y beneficiar a Alicante? Definitivamente, Barcala se ha convertido en el alcalde de las broncas y de los desencuentros. La pregunta es clara: ¿cuál será el siguiente follón que monte Barcala? Hace un año en campaña decía que los alicantinos tenían que elegir entre él o el caos. Un año después vemos que el caos llegó precisamente con él", ha apuntado.
"¿Y ahora qué hace la ciudadanía? ¿Qué plan de movilidad tiene diseñado el Ayuntamiento en reserva de la finalización de este convenio? ¿Tiene el Ayuntamiento previsto algún recinto similar para que los alicantinos y alicantinas puedan tomar el autobús? ¿O vamos a ser 'okupas' de las actuales instalaciones pertenecientes al Puerto?", ha cuestionado. Así, se ha preguntado "por dónde van a circular los autobuses en el momento que expire ese convenio dentro de cuatro días y si la UTE que tiene licitado con el Ayuntamiento el servicio hasta el 31 de julio utilizará algún 'descampado' para que los alicantinos y alicantinas puedan usar su servicio".
"Con esto, Barcala demuestra que tampoco le importa perjudicar a las empresas del transporte lo más mínimo. ¿Qué seguridad se le va a dar a los ciudadanos que quieran desplazarse en autobús a otros puntos de la provincia o de España? ¿Qué otra improvisación se va a sacar el señor Barcala además de la confrontación judicial cuando ha tenido dos años para solucionar este asunto?", ha proseguido.
En este contexto, el PSPV-PSOE ha presentado por registro estas preguntas para que el equipo de Gobierno conteste "sobre las inquietudes que ha provocado en la ciudadanía la contestación del concejal Manuel Villar y del propio alcalde, de acudir a los juzgados para dirimir una cuestión que tenía que haber resuelto el propio Barcala el pasado año, como hicieron todos los alcaldes antes que él".
El comunicado abunda en que Sanguino aseguró en el pleno de este jueves "que se habían agotado todas las prórrogas sin que el Ayuntamiento haya firmado una nueva concesión para darle continuidad a la Estación de Autobuses en su actual ubicación. También advirtió que de tramitarse un nuevo convenio, con condiciones económicas diferentes y si la Autoridad Portuaria rechazara otras ofertas y firmara una nueva concesión con el Ayuntamiento, el nuevo convenio supondría por ley un aumento de las tasas que puede triplicarse. De 70.000 euros a 210.000 euros".