ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por los grupos PP y Ciudadanos, han presentado una declaración institucional al próximo pleno para solicitar al Gobierno la implantación de un sistema especial de protección del sector turístico solicitado por patronal y sindicatos, que contempla medidas laborales, financieras, fiscales, sanitarias y de comunicación.
La declaración institucional suscrita por las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, pretende ratificar y dar impulso a la petición al Gobierno de España para que adopte medidas especiales para la protección del sector turístico ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID19.
Estas medidas han sido propuestas en los planes presentados por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), la patronal Hosbec como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y las centrales sindicales Federación de Servicios de Comisiones Obresras (Servicios-CC.OO.) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadors (FeSMC-UGT).
En la declaración institucional se pide la unidad de todos los grupos políticos ante la situación económica y se señala que “nuestro sector se enfrenta, en la Comunidad Valenciana, a unas pérdidas de 6.730 millones de euros, a un descenso de más de 900.000 turistas solo en el mes de marzo, a una caída vertiginosa en las reservas hoteleras en lo que resta de 2020 y a un declive sin precedentes en la reserva de vuelos”.
Medidas a desarrollar
En el terreno laboral se pide el diseño de un plan especial para la protección del empleo y las empresas turísticas que se extienda hasta la recuperación normal de la actividad. Un plan que pasaría por la prórroga de los ERTES durante 12 meses, con la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y para los trabajadores del 100% de la cuota empresarial. Se considera que la fecha para la reanudación de la actividad fija discontinua en 2020 debe ser la misma que en la temporada 2019.
En el terreno financiero se solicita el establecimiento de un periodo e carencia de 12 meses para préstamos hipotecarios y otros instrumentos financieros que afecten a empresas turísticas. Además, se pide la exención de impuestos de actos jurídicos documentados y aranceles notariales motivadas por el COVID19 y medida similares para fomentar la negociación de las condiciones de los arrendamientos de negocios turísticos.
En el apartado fiscal se reclama un plan específico de un año con medidas de exención, bonificación y aplazamiento de toda clase de impuestos y pagos a cuenta durante este periodo de protección, así como reducir las tasas aeroportuarias y facilitar a los touroperadores la promoción de la llegada de turistas al aeropuerto de Alicante.
En el terreno sanitario se señala que España y Alicante no se puede permitir episodios de contagio vinculados al turismo, por lo que piden mantener la suspensión legal de la actividad de alojamiento turístico generalizado más allá del estado e alarma, salvo excepciones por productos o territorios donde se garantice una actividad hotelera y turística en condiciones seguras. Además se pide adelantar los escenarios de apertura y puesta en marcha con las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.
Finalmente, materia de comunicación se pide promoción y publicidad innovadora que facilite el recuerdo de los destinos turísticos durante el tiempo especial de protección del turismo, por la propia seguridad de los turistas y del entorno y para que el regreso sea una experiencia inolvidable y mejor que antes.
