ALICANTE. La implantación de la recogida selectiva de la basura orgánica (restos de comida) avanza en Alicante hasta alcanzar más del 60% del casco urbano de la ciudad en un margen de cerca de siete meses desde que se activó el proceso de distribución del contenedor específico para su depósito, de color marrón. En realidad, la extensión del servicio solo quedaría pendiente en las calles de los barrios del Centro Tradicional y Casco Antiguo. O, si se prefiere, los situados en el perímetro que queda cerrado al tráfico durante la celebración de las fiestas de Fogueres, según concretaron fuentes municipales a consulta de Alicante Plaza.
A priori, la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos que coordina el edil Manuel Villar prevé que el servicio se ponga en funcionamiento en ese último ámbito a partir del otoño para concluir a finales de este 2024 o, a lo sumo, a principios de 2025. De cumplirse ese plan de trabajo, se habría conseguido extender la prestación en toda la ciudad en un año, cuando en otros municipios de gran tamaño de la provincia habrían previsto una planificación a cinco años, según las mismas fuentes.
En ese horizonte de cierre de año, solo quedaría por abordar la puesta en marcha de los sistemas de compostaje por los que se habría abogado para implantar el servicio en las partidas rurales, que se pretende desplegar, precisamente, a partir de principios de 2025. Antes, no obstante, se pretende cerrar la distribución de los contenedores marrones en el distrito centro y la asignación de las tarjetas electrónicas que habilitan su apertura para poder depositar la bolsa de desechos: un sistema que se verá reforzado en breve con la puesta en marcha de la aplicación (app) específica contemplada en pliego de condiciones del contrato de la concesión que permitirá accionar el mecanismo de apertura mediante el uso del teléfono móvil, según las mismas fuentes.
A partir de ahí, quedaría el camino despejado para que se acordase la regulación de las bonificaciones anunciadas por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para estimular la separación de residuos con determinados porcentajes de descuentos en la cuantía de las tasas municipales a abonar por los titulares de cada vivienda a las que queda vinculada cada tarjeta electrónica.
Con todo, la extensión de ese servicio específico sobre los residuos orgánicos no sería el único hito reseñable que, según fuentes municipales, se habría conseguido alcanzar en los primeros once meses de funcionamiento de la nueva contrata, a cargo de la nueva concesionaria, UTE Netial (compuesta por FCC y PreZero). En ese periodo, también se habría conseguido ejecutar el 72% de las inversiones previstas para los ocho años de duración de la concesión con la adquisición de vehículos, maquinaria y la mejora de instalaciones por un valor total de 25 millones.
En concreto, el contrato preveía un global de 41 millones en inversiones, de los que 4,5 corresponderían a subrogaciones pendientes con la antigua concesionaria (UTE Alicante). Con los 25 millones ya invertidos en la incorporación de hasta 108 vehículos y en la mejora de equipos, restarían otros 11 millones disponibles que se prevé emplear en la renovación de otros vehículos y de maquinaria entre el segundo y el tercer año del contrato.
Se trata de nuevas herramientas con las que se trata de mejorar la calidad de la prestación, en las que se incorporarían "los últimos avances tecnológicos", según destacó este miércoles el alcalde, Luis Barcala, durante la presentación de los nuevos vehículos. En esta línea, aseguró que su puesta en servicio permitirá mejorar la percepción de la ciudadanía para que "Alicante deje de tener ese sambenito injustificado de que es una ciudad sucia", consideró. En todo caso, señaló que ya se habría comenzado a notar una mejoría en la prestación, aunque admitió que todavía no se habrían alcanzado los objetivos deseables.
De hecho, lo cierto es que siguen reproduciéndose quejas y denuncias públicas por parte de varios colectivos vecinales de barrios como el Pla, cuyos representantes continúan asegurando que, a su juicio, el estado de la vía pública no habría mejorado a pesar del incremento de presupuesto destinado a sufragar el nuevo servicio se habría incrementado.