ALICANTE. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante avala al Ayuntamiento y frena las pretensiones del Grupo Petavi Asociados para instalar una gasolinera en la avenida de Juan Sanchís Candela, en la Gran Vía. En concreto, en una resolución fechada el 10 de mayo, contra la que cabe apelación, el juzgado valida la decisión adoptada por la Concejalía de Urbanismo y desestima el contencioso presentado frente a la denegación de la licencia solicitada para su instalación por silencio administrativo positivo. ¿Por qué motivo? Porque, según la sentencia, en realidad sí hubo respuesta a la petición de permiso presentada por la compañía y no el silencio pretendido.
De hecho, la resolución judicial concreta que el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), firmó el decreto de denegación de licencia el 27 de noviembre de 2019 frente a la solicitud de autorización de un establecimiento comercial "con instalación para el suministro de productos petrolíferos a vehículos". Además, la sentencia apunta que la desestimación del permiso estaba fundamentada en razones urbanísticas, ya que los técnicos municipales habían negado previamente la concesión de un informe de compatibilidad urbanística favorable para la insalación de la estación de servicio en el emplazamiento propuesto.
Es más, el fallo añade al respecto que no puede considerarse "como pretende la parte actora" que pueda autorizarse "una estación de servicio en cualquier ámbito en el que sea autorizable un uso genérico comercial, sino exclusivamente en aquellos en los que la calificación de usos permita implantar un uso comercial equiparable a 'centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, algo que no sucede en la actividad para la que la parte actora solicitó licencia".
Sea como fuere, y al margen de que la compañía pueda formalizar su recurso, con la resolución judicial, el equipo de gobierno gana tiempo para avanzar en la tramitación de la ordenanza reguladora para la instalación de gasolineras y electrolineras en la que el departamento de Urbanismo viene trabajando al menos desde el pasado verano. Se trata de un nuevo marco normativo con el que se pretende regular las condiciones requeridas para la instalación de gasolineras y estaciones de servicio en el conjunto del término municipal, además de introducir la posibilidad de implantación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Sobre todo, después de otras solicitudes de permiso precedentes para la instalación de surtidores que se han visto envueltos en la controversia, como la posibilidad de la instalación de otra estación de servicio en el entorno de la pedanía de Santa Faz, otra en las inmediaciones de la sede de Casa Mediterráneo y otra en la zona de La Albufereta.
Como informó este diario, esa nueva normativa municipal se encuentra ahora en fase de consulta pública, con el propósito de que colegios profesionales y asociaciones empresariales vinculadas a la distribución de hidrocarburos puedan formular aportaciones. A priori, el bipartito prevé que esa regulación pueda elevarse a la consideración del pleno para su aprobación inicial el próximo otoño, entre los meses de septiembre y octubre.