ALICANTE. La histórica heladería 'Peret' situada en el extremo del paseo de La Explanada de Alicante desde 1916 queda abocada al desalojo. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha aprobado este martes, en la reunión semanal de la Junta Local (el órgano de representación política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones que afectan a la gestión municipal) el inicio del proceso para rescindir la concesión a sus actuales gestores, la empresa Kiosco Peret (ya no vinculada a sus titulares originales, la familia Fuster), tras constatar la existencia de una deuda acumulada que supera los 131.000 euros correspondiente, fundamentalmente, al pago del canon de explotación.
Ese importe deriva de los importes arrastrados desde el cuarto trimestre del año 2021 hasta la actualidad, a lo que se suma, además, el impago de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos de los tres últimos años, así como el de la tasa de veladores desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2022 y desde el 1 de julio de ese año hasta el 31 de octubre de la misma anualidad.
El acuerdo de inicio de resolución de la concesión concreta que la generación de esa deuda supone un incumplimiento de carácter muy grave respecto a las condiciones que rigen el contrato de explotación del reconocido quiosco, de titularidad municipal. De ahí que se disponga el inicio de los trámites para acordar la rescisión de la concesión con la intención de volver a licitar su gestión hostelera a través de un nuevo concurso.
Además, el desalojo de los actuales gestores del quiosco conllevaría la posible imposición de una multa por un importe de 3.000 euros, además de la incautación de la fianza de 30.000 euros depositada en el momento en el que se hizo efectiva la adjudicación de la concesión.
El último concurso sobre la explotación del quiosco se convocó en 2015 y atrajo a nueve ofertas interesadas en asumir su gestión. Con todo, la concesión acabó en manos de la empresa que había venido asumiendo su explotación desde hacía 99 años, Kiosco Peret (aunque, para entonces, ya parcialmente desvinculada de sus propietarios históricos), tras presentar una propuesta que superaba con creces las condiciones mínimas del concurso. En concreto, ofertó un canon de 60.000 euros anuales (lo que suma un total de 600.000 euros por los diez años de explotación inicial), frente a los 14.000 euros con los que partía el concurso.
El contrato de concesión adquirió vigencia en 2015 por el ya citado periodo de diez años, ampliables en un plazo adicional de otros cuatro años tras la posible aprobación de una única prórroga. El contrato entró en vigor en junio de 2015. Y ha venido prestándose sin incidencias hasta 2021, como refleja el acuerdo por el que se inicia el proceso para extinguir la concesión a dos años de que quede extinguida su duración inicial. Todo, a la espera de que los gestores de la concesión puedan presentar alegaciones en el plazo de diez días naturales desde la notificación del acuerdo.