ALICANTE. Los ecos de la polémica por los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) desencadenada a partir de la retirada de la Generalitat en el contencioso presentado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche frente a la autorización de ese grado han resonado también en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, este jueves, con el debate de hasta dos declaraciones institucionales distintas. Las dos, con un objetivo común, pero con un articulado distinto, han acabado prosperando al sumar en ambos casos los votos favorables de los cuatro concejales de Vox, que ha responsabilizado tanto al PP como a los partidos del eje progresista de haber generado el problema. Por su parte, los populares y los representantes de las tres formaciones políticas de la izquierda (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) han optado por respaldar solo sus propias iniciativas, en un debate en el que se han cruzado los -hasta cierto punto- esperables reproches respecto al procedimiento seguido para implantar el grado y sobre la decisión de solicitar la anulación de su autorización.
Por partes. La primera de las declaraciones institucionales (propuestas de contenido político sin eficacia ejecutiva) en debatirse ha sido la registrada por los grupos políticos de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. En ella, se planteaba manifestar "el total apoyo a la implantación del Grado y Postgrado de Medicina, a la declaración institucional emitida por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante así como a su alumnado".
Tanto el edil socialista, Miguel Castelló, como la representante de Compromís, Sara Llobell, como el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, han argumentado la necesidad de la iniciativa como respaldo a la continuidad de esos estudios en el campus de la UA, frente al cambio de posición que habría evidenciado el Consell presidido por Carlos Mazón respecto al acuerdo de implantación de esos estudios, que ahora acaban de iniciar su segundo curso. Castelló ha lamentado que el Consell haya apoyado a la UMH en su petición de nulidad del acuerdo de creación de esos estudios en la UA, a pesar de la neutralidad que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, decía que se pretendía defender por parte de la Generalitat en ese contencioso, con el acuerdo de su retirada. Llobell ha defendido la necesidad de esos estudios para dar cobertura a la formación de más médicos y que, además, esa formación se dé en la universidad pública. Y Copé ha glosado la figura de médicos ilustres alicantinos para emplazar a que no se evite la posibilidad de que puedan formarse más galenos en la UA.
En el debate, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que la polémica "es un despropósito absurdo" tanto por los supuestos errores en la tramitación del grado, como en la decisión de entablar una cruzada contra la implantación de esos estudios en la UA, "cuando estamos hablando de que se van a jubilar 3.000 médicos en los próximos cinco años". "Defendemos que ojalá hubieran 14 universidades en la provincia porque la demanda se cubriría; y además, la competencia entre centros de formación es positiva para que mejoren, como ocurre con cualquier empresa", ha sostenido, después de equiparar la formación indistintamente de que se facilite en una universidad pública o privada, como réplica a Compromís.
Por el equipo de gobierno, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha considerado que la iniciativa no debería mantenerse y ha considerado que la izquierda trataba de utilizar la polémica para hacer política. Así, ha sostenido que el presidente de la Generalitat ya ha garantizado la continuidad del grado, después de referirse a "los errores en la tramitación de los estudios" por parte del Consell del Botànic. "Parece que tenían mucha prisa porque se acercaban las elecciones", ha apuntado. Además, ha tratado de darle la vuelta al debate para criticar lo que ha considerado una falta de presupuesto para la creación de plazas de medicina por parte del Gobierno Central y ha sostenido que el PP no podía respaldar una propuesta "demagógica". Así, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, frente al voto en contra del PP.
La segunda de las propuestas, registrada a iniciativa del equipo de gobierno, ponía el acento en la solicitud de que los estudios de Medicina continúen en Alicante de manera que se garantice que "los estudiantes de la provincia tengan acceso a una educación de calidad y los ciudadanos a unos profesionales formados en la máxima excelencia". En la propuesta, se instaba a la Generalitat Valenciana a que, en caso de un fallo judicial desfavorable para la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), impulse la implantación y continuación de los estudios. Todo, después de señalar, también los presuntos errores de tramitación en la implantación del grado de Medicina, relacionados con la falta de una memoria económica detallada, o con la acreditación de acuerdos con hospitales para la realización de las prácticas de los alumnos. Así lo ha defendido la portavoz del PP y edil de Educación, Mari Carmen de España, al considerar que se "vulneró el procedimiento vigente" para aprobar esos estudios durante la etapa de mandato del Consell del Botànic, aunque ha insistido en que "el presidente Mazón ya se ha reunido con la rectora de la UA y se ha acordado la garantía de la continuidad de esos estudios, después de acordar que los servicios jurídicos de la Generalitat y de la universidad se coordinen para encontrar las mejores soluciones al respecto".
"El proceso de implantación del grado en Medicina en la Universidad de Alicante se ha visto entorpecido por la gestión administrativa desde que ésta fue impulsada bajo el gobierno de Ximo Puig. Desde el principio, esta iniciativa ha sido tratada con falta de rigor y transparencia, generando incertidumbre y retrasos innecesarios que han perjudicado tanto a la comunidad universitaria como a los futuros estudiantes", ha señalado. Según De España, "es imperativo garantizar que los estudiantes de Medicina reciban una educación de excelencia, que los prepare para los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad en términos de salud pública. El acceso a una formación médica de calidad no solo responde a la creciente demanda de profesionales sanitarios".
En el debate, Copé se ha cuestionado por qué se mantenía la iniciativa si ya se había conseguido alcanzar ese acuerdo, aunque también ha recordado que ha sido el Consell quien se ha allanado en el proceso legal, después de sostener que "los servicios jurídicos de la Generalitat son los mismos ahora que antes". Así, ha anticipado su voto en contra. Por Compromís, la edil Sara Llobell ha sostenido que "el conflicto" estaba "dormido" hasta que el presidente de la Generalitat "lo ha resucitado". "El allanamiento de la Generalitat no es para nada una posición neutral", ha insistido. "Un gobierno debía centrarse en la defensa del interés general", ha recalcado. Y se ha dirigido a Vox para incidir en su defensa de la educación pública "frente a los ataques del PP".
Ortolá ha recriminado a De España que haya hablado de "diálogo" cuando ese diálogo solo se ha producido después de que se haya producido el allanamiento de la Generalitat en el contencioso, y de que la rectora, Amparo Navarro, hablase de "humillación pública" en el discurso de apertura del curso académico. Por último, ha recriminado al PP y a los grupos del eje progresista por plantear dos iniciativas similares, por separado, y, además, sobre un asunto que "en teoría ya se da por solucionado". "Apoyaremos las dos iniciativas y otras 70 más si hace falta; ustedes han creado el problema, todos son culpables, soluciónenlo, y a ver si en el futuro el diálogo se produce antes", ha concluido.
Castelló ha corregido a Ortolá al sostener que en la declaración promovida por el PP no se defiende el grado de Medicina, "más bien se ataca al Botànic". Además, ha recalcado que, en sus últimas declaraciones, "el señor Mazón ya duda de que el procedimiento se haya realizado mal en sus últimas declaraciones" y ha negado que esas presuntas irregularidades apuntadas en el procedimiento de autorización fuesen graves, porque de lo contrario, el TSJ no hubiera permitido que se impartiese la formación en su primer curso, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por la UMH. En último término, ha considerado que esta declaración tampoco resulta necesaria si se tiene en cuenta que pase lo que pase los estudios van a continuar. Así, en último término, la segunda declaración política sobre el mismo asunto también ha quedado respaldada. En este caso, con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
En el pleno, también se han debatido otras propuestas relacionadas directamente o no con la ciudad de Alicante, como la promovida por el PP "de apoyo a la oposición política en Venezuela y en defensa de la democracia", que ha defendido el edil de Presidencia, Toño Peral. La propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox, después de que el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, haya recriminado la falta de vinculación del asunto con el Ayuntamiento de Alicante y de afear que no se considere atender otros conflictos internacionales como el planteado en Gaza. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, que, en todo caso, ha compartido el fondo de la iniciativa al rechazar "la persecución de las ideas, vengan de donde vengan".
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha anticipado su respaldo a la propuesta y ha aprovechado el debate para recriminar la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez. Por último, su homóloga del PSOE, Ana Barceló, ha defendido la posición del ejecutivo central al argumentar que, desde el principio, se exigió que se diesen a conocer las actas de los resultados de las votaciones y que España ha acogido al líder opositor venezolano, Edmundo González. El alcalde, Luis Barcala, ha justificado la presentación de la propuesta al aludir a los venezolanos que han tenido que exiliarse y han recalado en Alicante. Y, además, ha aprovechado para recriminar la actitud del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La declaración ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Otro tanto similar ha sucedido respecto al debate de la declaración institucional también promovida por el PP "por la que se acuerda manifestar el rechazo a los acuerdos fiscales alcanzados por el Gobierno Central con Cataluña que privilegian a esta comunidad en detrimento del resto de regiones españolas". El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha considerado que ese acuerdo es otro ejemplo más de las decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno "para mantenerse en el sillón y para conseguir la investidura de Illa". Copé ha recordado que el conjunto de formaciones políticas está presente en la Plataforma por un Finançament Just para incidir en la necesidad de una reforma de la financiación autonómica y de un fondo de nivelación para 2025, además de la condonación de la deuda. Por Compromís, la edil Sara Llobell ha sostenido que las diferencias entre españoles las promueve el PP con ejemplos como "la rebaja fiscal del señor Mazón".
Además, también ha reivindicado una mejora del modelo de financiación, en el que se tenga en cuenta el criterio de población, después de recriminar, igualmente, la referencia a Cataluña. El edil de Vox, Óscar Castillo, ha reprochado al PP los tratos o "concesiones" concedidos por el PP en el pasado. Y la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha defendido los esfuerzos del Ejecutivo por promover una mayor dotación de recursos tanto a las autonomías como a los ayuntamientos. En último término, el resultado de la votación ha sido idéntico a la propuesta precedente: 17 síes, frente a 11 noes.
La tercera declaración institucional registrada por el PP también ha prosperado. Se trata de una iniciativa por la que se plantea "la condena de los ataques contra la bandera de España y el president de la Generalitat Valenciana por parte del independentismo catalán y por la que se acuerda expresar el apoyo a éste en su defensa de la identidad, integridad y autonomía de la Comunidad Valenciana". Copé ha compartido el mensaje de la propuesta, pero ha rechazado el "relato" del expositivo del texto. Mas ha vuelto a recriminar al PP que no registrase propuestas sobre la ciudad de Alicante. Barceló ha expresado su condena sobre esos hechos, pero ha sostenido que el PP guardó silencio respecto a otras manifestaciones de violencia sufridas por el presidente del Gobierno. La iniciativa ha quedado aprobada con los 13 votos del PP, las cuatro abstenciones de Vox (después de que no se accediese a votar la propuesta por puntos) y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha aplazado la respuesta a un ruego presentado por Vox en el que se solicitaba que el equipo de gobierno informase sobre el trabajo desempeñado por los coordinadores generales y los directores generales nombrados con el propósito de mejorar y profesionalizar la gestión municipal, en función del acuerdo alcanzado entre PP y Vox. El portavoz adjunto de los voxistas, Mario Ortolá, ha considerado necesario que se dé cuenta de la tarea desempeñada por esos altos cargos, toda vez que, a su juicio, no se aprecia mejoría en la coordinación de los distintos departamentos municipales, aunque ha reconocido que los responsables de esos puestos no acumulan todavía un año en sus responsabilidades.
La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha respondido a otro ruego formulado por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem por el que se solicitaba que el ayuntamiento se adhiriese a la petición de la familia de Miguel Hernández para que se anulen los sumarios judiciales contra él. En esta línea, Beldjilali ha sostenido que "nos informaremos de qué solicitan en concreto sus familiares para sumarnos a su posición".
La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha contestado a otra pregunta formulada por la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, sobre la reparación de la barandilla de La Albufereta, para sostener que se está tramitando su arreglo, lo que ha aprovechado para reivindicar la ejecución de inversiones por parte del actual equipo de gobierno.
La edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha respondido a una pregunta formulada por Compromís sobre la tramitación de licencia para la remodelación de la biblioteca Azorín para detallar que es un expediente que lleva en trámite desde 2018 y que el ayuntamiento ha requerido en varias ocasiones varias subsanaciones y modificaciones porque el proyecto presentado no se ajustaba a la normativa municipal.
La edil de Turismo, Ana Poquet, ha sostenido, en respuesta a otra pregunta formulada por Compromís, sobre cuándo se va a presentar y aprobar el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara "para impulsar su rehabilitación y mejora", para sostener que se trata de un documento en estudio pendiente de revisión por parte de los técnicos municipales, después de que se haya concluido su redacción.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha contestado a una pregunta in voce formulada por el edil socialista Raúl Ruiz sobre cómo se prevé iniciar el expediente para la tramitación de las dos ZAS del Centro Tradicional y Casco Antiguo si, a su juicio, no se cuenta con mediciones captadas con dispositivos de empresas homologadas. Villar ha sostenido que no puede dudarse del trabajo de los técnicos municipales al respecto.
Villar también ha contestado a otra pregunta formulada por Ruiz respecto a la revisión de la tasa de residuos sobre cómo se va a incentivar la separación de residuos de los ciudadanos que viven en pisos de alquiler. El edil de Medio Ambiente ha apuntado que las tarjetas de apertura de los contenedores de orgánica se deben distribuir a los propietarios de las viviendas, y que luego serán ellos quienes deberán acordar su cesión a los inquilinos, ya que "no siempre son los inquilinos asumen el pago del recibo de la basura".
El edil de Deportes, Toni Gallego, ha respondido a otra pregunta formulada por Vox respecto a la reparación programada en el campo de fútbol de La Cigüeña para sostener que en este mandato se ha llevado a cabo distintas actuaciones en infraestructuras municipales y que se siguen ejecutando en función de la disponibilidad de las instalaciones y de la posibilidad de que los clubes que las utilizan puedan contar con horario de uso en otros campos.