ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante encarrila el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos con la convocatoria del concurso para concertar su prestación para los próximos 8 años. La licitación quedó aprobada en Junta de Gobierno este martes por un importe de 347 millones, lo que supone un incremento de entre el 23 y el 25% respecto al importe del contrato actual, adjudicado en 2012, con todas las limitaciones que se introducían en aplicación del Plan de Ajuste que regía entonces sobre la contabilidad municipal.
El aumento de precio contemplado en el nuevo concurso obedece, entre otras mejoras, a la introducción del servicio de recogida selectiva de la facción orgánica del residuo (los restos de comida) cuya implantación queda ya demorada definitivamente hasta que se disponga de un nuevo adjudicatario. Es decir, que no se contempla el impulso de un modificado del contrato actual para introducir ese nuevo servicio, como se había barajado hasta ahora, según confirmaron fuentes del equipo de gobierno consultadas por Alicante Plaza. En todo caso, sí podría desarrollarse una primera experiencia en emplazamientos o zonas residenciales concretas, además de en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), en el momento en el que se disponga de los nuevos contenedores específicos para organizar el depósito de los desperdicios de alimentos, adjudicados a Contenur por 1,7 millones. Sin modificación del contrato e incremento de costes, el desarrollo de esa experiencia preliminar para la recogida selectiva del residuo orgánico quedaría sufragada con los ahorros que pudiesen generarse en la prestación de determinadas aspectos del servicio ordinario.
Esos ahorros (o economías, en el argot técnico) podrían derivarse de la puesta en marcha de otro contrato paralelo que, precisamente, quedó adjudicado en la Junta de Gobierno de este martes: el de limpieza y mantenimiento de elementos lúdicos y deportivos al aire libre. Su prestación queda a cargo de la UTE compuesta por Eulen y Eulen Centro Especial de Empleo por 1,1 millones y un plazo de tres años, más una posible prórroga por otros dos. Hasta ahora, esa labor -que no solo incluye la reparación, sino también la limpieza de zonas de juegos infantiles y biosaludables, de calistenia y pistas de skate que ocupan más de 21.000 metros cuadrados, además de más de 3.500 bancos y distintos elementos del mobiliario urbano- quedaba a cargo de la UTE concesionaria del servicio de limpieza (compuesta por FCC, Cespa, Inusa y Grupo Cívica), de modo que ahora quedará liberada de esa responsabilidad.
Eso sí, el equipo de gobierno continúa contemplando la introducción de ese cuarto modificado en las condiciones del contrato actual. La pretensión del bipartito compuesto por PP y Cs sería la de recuperar el cuarto turno de trabajo en el centro de tratamiento de residuos de Fontcalent para cubrir sus necesidades de funcionamiento. Y, además, la ejecución de obras de mejora en sus instalaciones.
El bipartito mantiene la pretensión de promover un cuarto modificado del contrato actual para recuperar el cuarto turno de trabajo en el centro de tratamiento de residuos y mejorar sus instalaciones
El departamento de Limpieza y Gestión de Residuos trabaja ahora en la definición de esa revisión contractual para concretar su alcance, su importe definitivo y el momento de su aprobación, toda vez que se confía en que se pueda contar con un nuevo adjudicatario para el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos a finales de este año. Hasta el momento, se había sopesado que ese cuarto cambio del contrato conllevase un incremento de costes de 1,1 millones, en los que se computaba la aplicación de la recogida selectiva del residuo orgánico. Así que esa cifra carece de validez.
Lo cierto es que el tercer modificado del contrato, aprobado en julio de 2020, conllevó un aumento de costes similar, cifrado entonces en 1,4 millones. En ese momento, se incorporaron servicios no contemplados como la extensión de la limpieza y la recogida de residuos en los nuevos desarrollos urbanísticos del PAU 5, el refuerzo en los polígonos industriales y partidas rurales, la regularización del servicio en la isla de Tabarca o la puesta en marcha de una brigada específica para evitar los desbordes en el entorno de los contenedores de residuos.