ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante activa el proceso para renovar la prestación del servicio de transporte urbano de autobús, a menos de un año de que expire la concesión actual, en manos de Masatusa (Grupo Vectalia) desde el año 1970. Fuentes municipales precisaron a Alicante Plaza que ya se han pulsado dos de los botones que resultan preceptivos: la publicación de la denuncia del contrato en vigor en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y la contratación de un estudio sobre las posibilidades de gestión.
La Concejalía de Movilidad cumplimentó este último trámite a finales de marzo (todavía bajo las directrices del PSOE) con el encargo a una consultora externa de un informe de valoración sobre las alternativas de explotación más indicadas para una ciudad del tamaño de Alicante. Según las mismas fuentes, se trata de un requisito legal para poder establecer qué modelo es el más operativo: gestión directa (ejercida por el propio Ayuntamiento), gestión mixta (a través de una sociedad con participación municipal) o gestión privada.
En principio, todo está por definir, aunque, según fuentes municipales, la opción menos probable es la de la gestión directa a tenor de las dificultades que siguen existiendo para que las administraciones en general -y el Ayuntamiento de Alicante, en particular, al estar sometido a un plan de ajuste- amplíen plantillas y gastos de personal.
El nuevo equipo de Gobierno, del PP, será quien deba tomar la decisión en base a las conclusiones de ese informe. Y, en el caso de que se opte por la previsible externalización, será también quien supervise la redacción del pliego de ese nuevo concurso. Hasta ahora, como ha publicado este diario, el departamento de Movilidad sí venía trabajando con un proyecto sobre las características que se exigirían para la prestación del servicio de transporte a partir de 2019, a la caducidad de la concesión actual.
La novedad más evidente de esa hoja de ruta con la que se venía trabajando es la duración de ese posible futuro contrato: un máximo de 10 años de duración con posibilidad de prórroga por otros dos; lejos de los 50 años por los que se adjudicó el que expira ahora. Además, se pretendía implantar un sistema de pago mixto, de modo que el concesionario no cobre solo por recorrer kilómetros aunque los autobuses circulen vacíos.
No obstante, antes de llegar a esa fase, el Ayuntamiento y Masatusa todavía deben completar el traspaso de la flota y el desarrollo de las inversiones pendientes en el llamado fondo de reversión del contrato: una suma de 4,6 millones que la concesionaria queda obligada a gastar en el desarrollo de mejoras de la flota de vehículos y en las condiciones del servicio.
Gran parte de esa fondo ya tiene un destino definido, de acuerdo con la programación concertada con Masatusa y aprobada en Junta de Gobierno en julio de 2017. En ese momento, se concretó que debía garantizarse condiciones de accesibilidad en los autobuses y una reserva mínima de plazas para personas con movilidad reducida, además de mejoras tecnológicas como la incorporación de pantallas informativas a bordo, la introducción de nuevos sistemas de pago a través de dispositivos móviles, la colocación de nuevos rótulos lumínicos en los frontales, la implantación de wifi gratuito y sobre todo la incorporación de un nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) con el que se mejoraría el control sobre la posición de los autobuses y la eficacia de la prestación del servicio en tiempo real.
Algunas de esas medidas ya están implantadas, como el sistema de pago por móvil (a través de la aplicacion yuppi), pero el nuevo Gobierno del PP deberá garantizar la ejecución de todas ellas, incluido el SAE (al parecer, la de mayor coste). En paralelo, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha otro tipo de mejoras como la renovación de las marquesinas, a través de las llamas inversiones sostenibles.