Movilidad diseña ya el sistema que operará a partir de 2019 con varios escenarios: gestión directa o nuevo concurso. Si se opta por la concesión, el plazo máximo del contrato será de 10 años y se dejará de pagar por kilómetro recorrido, ya que ese modelo siempre garantiza ingresos al adjudicatario sea cual sea la cifra de viajeros, lo que no estimula la eficiencia
ALICANTE. El servicio urbano de transporte cambiará radicalmente a partir del año 2019. Tanto en lo que se refiere a costes para la administración (es, tras la del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, la contrata más costosa para el ayuntamiento), como en lo que respecta a los itinerarios o a las prestaciones de los vehículos. Según las fuentes consultadas por Alicante Plaza, la Concejalía de Movilidad ya tiene sentadas las principales bases por las que se regirá la prestación desde el momento en el que expire la actual concesión, en manos de Masatusa (del grupo Vectalia) desde el año 1970.
En primer lugar, Movilidad sopesa varias opciones en cuanto al modelo de gestión. Entre ellas figura incluso la municipalización del servicio: que el ayuntamiento lo asuma de manera directa siempre que sea económica y jurídicamente viable. Pero no se descarta ni una probable gestión mixta, ni la convocatoria de un nuevo concurso para que continúe como hasta ahora con un gestor privado. Eso sí, en el caso de que se apuesta por esta última opción -la búsqueda de un concesionario- se tiene claro que no se reproducirán desajustes del pasado.
La principal novedad es que habrá cambio de rumbo en cuanto al plazo de la concesión. No volverá a repetirse un contrato por 50 años como el actual, entre otras cosas porque, según las fuentes consultadas, la legislación europea no lo permite. El límite actual es de 10 años con dos posibles prórrogas de un año cada una. En Movilidad, el área coordinada por el edil Fernando Marcos (PSOE), se entiende que es un plazo más que prudencial, puede que incluso excesivo si se tiene en cuenta cómo puede evolucionar la trama urbana y la intensidad del tráfico de una ciudad como Alicante a lo largo de toda una década. "Ese ha sido uno de los principales problemas del servicio que se ha venido prestando hasta ahora; se ha tenido que ir adaptando y revisando con sucesivos convenios porque el Alicante de 1970 no es el de hoy", señalan las mismas fuentes.
En segundo término, si existe licitación, se cambiarán las reglas del juego para introducir el concepto de riesgo y ventura que no existe en el contrato actual. El pliego convenido en 1970 no contemplaba la posibilidad de que la empresa concesionaria asumiese pérdidas por un posible descalabro en el número de usuarios, ya que establecía un sistema de pago por kilómetro recorrido. O lo que es lo mismos, con ese sistema, la concesionaria ingresa siempre, aunque los autobuses circulen vacíos, lo que a la postre no supone precisamente ningún incentivo real para que se mejore la prestación.
En 2019, si hay licitación, el objetivo de Movilidad es definir en el pliego un sistema de pago mixto, de modo que exista un estímulo para que el servicio sea realmente operativo y no siempre se carguen hipotéticas pérdidas sobre las arcas públicas.
En tercer lugar, estaría la definición de las rutas. Aquí, según las fuentes consultadas, se atenderá a las directrices emanadas de un ente gestor de carácter metropolitano tutelado por la Conselleria de Vertebración del Territorio (la que asume las competencias en materia de transporte). Con ciertas salvedades, ese ente gestor tendrá un funcionamiento similar al sistema TAM que se dio por extinguido a principios de 2015 en la medida en que se trabaja para que incluya a todos los ayuntamientos de la comarca de l'Alacantí y se fijarán líneas y recorridos en función de las necesidades de todos los municipios. Como publicó Alicante Plaza, Vertebración ultima la licitación de un estudio con más de 200.000 encuestas para delimitar la demanda real de servicios de transporte en el eje Alicante-Elche. Ese estudio marcará la hoja de ruta para concretar líneas y recorridos no sólo en la ciudad de Alicante, sino también en San Vicente, Sant Joan, Mutxamel y El Campello.
Se procurará que los vehículos incorporen el sistema de información sobre esperas en tiempo real que ya funciona en las paradas para favorecer los intercambios de líneas
Las fuentes consultadas subrayan además que en esa definición de líneas y recorridos tendrá especial trascendencia la intermodalidad. El objetivo es favorecer la combinación de autobús y tranvía. Se da por sentado que se mantendrán los bonos compartidos, de modo que el mismo título continúe sirviendo para subir a todas las líneas del bus y del Tram. También tendrá mucho que decir respecto a los futuros itinerarios la información recopilada a través del proyecto Alicante se mueve subvencionado por el Ministerio de Industria que prevé monitorizar la circulación en la capital mediante la instalación de hasta 140 cámaras en las principales vías. Todo ese big data obtenido a través del proyecto también servirá para ajustar el transporte a la demanda y a los problemas de tráfico concretos.
Y por último, y no menos importante, el fomento de los transbordos. En Movilidad se considera prioritario para racionalizar los recorridos que los ciudadanos opten cada vez más por utilizar más de una línea de autobús para completar el desplazamiento deseado. Ese transbordo seguirá siendo gratuito siempre que se use el mismo bono para subir a otro autobús en el espacio de una hora. Para estimular esa práctica, Movilidad pretende exigir (si hay licitación) o implantar (si la gestión es municipal) en el interior de cada autobús el sistema de información en tiempo real que ya existe en las paradas en el que se detalla el tiempo de espera para la llegada de los autobuses de cada línea. Se trata de proporcionar al viajero la máxima información a bordo del autobús para que pueda decidir si baja en la siguiente parada para tomar otro de otra línea que está a punto de llegar a ese mismo emplazamiento.
Este, además, no será el único requisito a exigir sobre las condiciones técnicas de la flota de vehículos. Movilidad pretende seguir apostando por autobuses sostenibles con combustibles no contaminantes. En principio, los vehículos 100% eléctricos no parecen operativos para prestar el servicio en una ciudad del tamaño de Alicante, pero sí se piensa en autobuses híbridos o que utilicen biodiésel, por ejemplo. Mientras, como publicó este diario, Movilidad trata de liquidar el contrato actual en términos de equilibrio para que ni Masatusa ni el ayuntamiento se vean expuestos a pagar posibles compensaciones pendientes.