Un momento de una de las últimas concentraciones de protesta frente a la ordenanza de convivencia cívica de Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La controvertida ordenanza de convivencia de Alicante (puede leer aquí su contenido y su régimen sancionador) entra oficialmente en vigor. Desde este viernes, la regulación promovida por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), comienza a ser de aplicación una vez superado el plazo de 15 días desde su publicación en boletines oficiales, tras su aprobación definitiva en pleno, el pasado 9 de febrero. En esa sesión, la propuesta prosperó por mayoría absoluta gracias al respaldo de los dos concejales de Vox. Por su parte, las tres fuerzas que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) mantuvieron su rechazo, alineado con el de la Plataforma contra la Pobreza, la Plataforma 8 de marzo, los sindicatos UGT y CCOO y varias entidades sociales dedicadas a la atención de colectivos vulnerables, entre las que figura la propia Cáritas.
La práctica totalidad de esos colectivos presentó alegaciones contra la norma sin obtener resultado. Todas las presentadas quedaron rechazadas, salvo las planteadas por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) para tratar de introducir el ofrecimiento de una respuesta social municipal a personas sin hogar y prostitutas y la reducción en los importes de las sanciones. Así que el rechazo de ese conjunto de entidades y formaciones políticas se ha seguido sustanciando en iniciativas anteriores y posteriores a la aprobación del texto, en forma de queja ante la Sindicatura de Greuges, como la presentada por la Plataforma 8 de marzo el pasado noviembre, o de impugnación, como el recurso contencioso-administrativo registrado por Unides Podem EU ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Como informó Alicante Plaza, a través de ese recurso, se persigue la anulación de la ordenanza con el argumento de que su redacción contraviene los preceptos recogidos en varios compromisos internacionales adquiridos por España. Básicamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea o la Agenda Urbana de la UE.
Lo cierto es que, al margen de otras iniciativas políticas como la Proposición No de Ley también promovida por Unidas Podemos en el Congreso, ese contencioso constituye una de las últimas alternativas vivas a la que el bloque político y social contrario a la regulación puede seguir aferrándose con el fin de que su aplicación pueda paralizarse. Al menos por lo que respecta a dos de los aspectos que han suscitado mayor contestación: la prohibición de dormir en la calle y la prohibición del ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública con sanciones para las mujeres prostituidas. Así, en el recurso se solicita la suspensión cautelar de los artículos 22 bis y 26 (en los que se recoge las dos prohibiciones) hasta que se resuelva sobre el fondo de la impugnación.
Por el momento, no existe ningún pronunciamiento sobre esa petición. De hecho, el TSJ no habría comunicado aún la admisión a trámite del contencioso, presentado la semana pasada, por lo que, en todo caso, una hipotética resolución favorable a esa solicitud llegará ya después de la implantación inicial de esas prohibiciones que el bloque progresista de la oposición municipal ha convertido en uno de los asuntos centrales del mandato para tratar de desgastar al bipartito. Y también, en instrumento para intentar alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias de una hipotética alianza entre el centro derecha y la ultra derecha tras las próximas elecciones municipales de 2023.
Entre tanto, el bipartito sigue defendiendo la necesidad del texto como herramienta jurídica para poder erradicar comportamientos incívicos y garantizar la seguridad en el espacio público. En ese ámbito tendría cabida desde el botellón, al vandalismo, al ruido, pasando por los grafitis, hasta llegar a la mendicidad coactiva y la prostitución. En la defensa de la regulación (que, de algún modo, viene a restituir la ordenanza promovida bajo los años de mandato de Sonia Castedo, derogada en 2015 por el extinto tripartito), PP y Cs arguyen que su aplicación también permite poner en marcha mecanismos de asistencia social para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y añaden que, a grandes rasgos, recoge los planteamientos expuestos en el texto marco planteado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Es más, los representantes del bipartito recalcan que su contenido no difiere de las normativas que están promoviendo otros ayuntamientos gestionados por los partidos de la izquierda. Entre ellos, los de València (aún en trámite) o San Vicente del Raspeig, en el que ya quedó aprobada de manera inicial el pasado mes de diciembre.
De este modo, ya se habría dispuesto el procedimiento necesario para garantizar su aplicación, según avanzó este miércoles el alcalde, Luis Barcala, en una de sus comparecencias públicas. En esta línea, aseguró que se había mantenido varias reuniones para acordar su puesta en marcha en las que se habría concretado que uno de los asuntos prioritarios es precisar los puntos de la vía pública en los que se producen más conflictos: más grafitis, más vandalismo, más mendicidad coactiva, dónde operan las mafias de la prostitución y de la mendicidad organizada... "A partir de ahí, se comienza a actuar", según señaló. Y añadió que, en los casos en "los que se requiera una intervención social, la Policía actuará con personal de Acción Social de una forma conjunta, por que lo primero que tenemos que ver es en qué situación y por qué se dan determinadas circunstancias, como la mendicidad o la prostitución".
Además, recalcó que se trata de que los servicios sociales puedan actuar "para poder dar una alternativa" de modo que cualquier persona desfavorecida "no tenga que vivir en la calle o prostituirse". "Por eso los equipos van a trabajar conjuntamente, Policía Local y Acción Social, con los trabajadores sociales, a pie de calle", incidió. "El objetivo principal es que esas situaciones no se den porque esas personas puedan salir de la situación de vulnerabilidad en la que están; no queremos que se explote a nadie para practicar la prostitución o la mendicidad", insistió. "La ordenanza nos permite que desde la administración local se pueda combatir a esas mafias", recalcó. "Tenemos que conocer en qué situación se encuentra cada persona para poder actuar" y tratar de promover "su inclusión", según añadió. "En muchos casos, estamos hablando de personas que padecen dependencias; así que tenemos que conocer cuáles son sus circunstancias para poder intervenir", señaló. "Lo que necesitamos es poner en marcha y extender" ese funcionamiento, concluyó.
