El edificio de RS Boutique Apartments, en pleno Casco Antiguo de Alicante.ALICANTE. La recurrencia de propuestas presentadas para transformar edificios de carácter singular situados en el casco urbano de Alicante con la pretensión de acogerse a la posibilidad de ganar alturas que contemple el PGOU en cada ámbito concreto ha llevado al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a acotar una regulación homogénea que resultará de aplicación en todos los casos.
Esa directriz de obligado cumplimiento, que quedó aprobada este martes en Junta de Gobierno a propuesta de la Concejalía de Urbanismo, establece que cualquier iniciativa que pretenda explotar la posibilidad de ampliar un edificio con la construcción de las nuevas elevaciones amparadas en el PGOU quedará autorizada siempre que sus promotores se comprometan a conservar la fachada original del inmueble en cuestión, así como los elementos que la configuren que revistan valor arquitectónico.
Esa regulación será de aplicación tanto para aquellos inmuebles que ya dispongan la consideración de edificios protegidos, como a los que se encuentren en trámite de catalogación. Y, además, extenderá sus efectos a todo aquel que se encuentre afectado por los entornos de protección de otros inmuebles, o que presente un "valor histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, estilístico, constructivo, de valoración ambiental en cuanto a su relación con la definición del paisaje urbano o de cualquier otra naturaleza cultural".
En realidad, ese nuevo criterio general ya se ha venido aplicando en algunos proyectos de ejecución reciente que se plantearon durante el pasado mandato en los que la Concejalía de Urbanismo, entonces coordinada por el exedil Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) logró negociar el respeto de la estructura externa de los inmuebles originales. Se trata de ejemplos como el edificio de apartamentos RS Boutique, en la confluencia entre Rafael Altamira y Alberola Romero, o el inmueble que acoge el Hotel B&B Alicante Centro, en la avenida de Salamanca.
El nuevo criterio pretende conciliar el respeto a los derechos urbanísticos de los particulares con el deber de conservación del patrimonio arquitectónico
No obstante, ahora se trata de garantizar la aplicación de ese principio a todos los proyectos con el fin de procurar la protección y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, sin que eso implique menoscabar "los intereses de los particulares que desarrollen sus derechos urbanísticos", según se concreta en la exposición de motivos por la que se dicta el nuevo criterio urbanístico.
De este modo, el departamento municipal dirigido por la edil Rocío Gómez (PP) pretende conciliar dos circunstancias hasta cierto punto enfrentadas, como se detalla en la propuesta de acuerdo: "Por una parte, el respeto al límite de altura establecido por las normas urbanísticas de aplicación (Plan General, Planes Especiales, etc.), y por otra, el deber de conservación del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, que este Excelentísimo Ayuntamiento ha manifestado su intención de proteger mediante las actuaciones previstas en las oportunas fichas en el Catálogo de Protecciones actualmente en tramitación".
Eso sí, al tiempo, también se marcan límites respecto a las condiciones de esas alturas adicionales que quedan amparadas en el PGOU para cada caso. En concreto, se establece que para el cálculo de la altura de sobreelevación permitida se tendrá en cuenta "el número de plantas que permita la zona urbanística, menos las plantas de la edificación existente, multiplicado por 3,20 metros".
