En el puesto 45 según el ranking de 2020 de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa, EE. UU. no está para tirar cohetes; pero teniendo en cuenta que España ocupa el puesto 29, algo de autocrítica podíamos hacer. Que países como Jamaica, Estonia, Surinam, Samoa, Letonia o Namibia puedan presumir de tener más libertad de prensa que en nuestro país, nos debería hacer pensar si estamos haciendo algo mal o si estamos cerrando los ojos ante una realidad que no queremos ver.
Esto viene a cuento porque el Departamento de Estado de EE. UU., que lleva realizando desde 1977 un informe anual en el que se analiza la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo, utilizando informes de las embajadas de EE. UU., gobiernos extranjeros y ONG, en el de 2020, y en su apartado de libertad de prensa, ha sacado los colores al ejecutivo español. Bueno, a algunos más que a otros. Y es que este informe, que no expresa ninguna opinión de Washington, alerta sobre los “múltiples” ataques verbales del Gobierno de España “a determinados medios de comunicación y periodistas específicos”.
El informe explicita las retóricas de los líderes del Gobierno contra la prensa. Pone algunos ejemplos como que el presidente del Gobierno de España acusara a los medios “conservadores” de “espolear a la sociedad cada vez que los conservadores perdían unas elecciones”; que el entonces vicepresidente de ese mismo gobierno asegurara que “la prensa crítica con el gobierno había ofendido la dignidad del periodismo”, o que el mismo exvicepresidente amenazara con “enviar a un periodista a prisión por publicar información comprometida sobre su partido, especialmente sobre sus finanzas”.
También este informe ha denunciado la actitud de algunos partidos políticos, como las manifestaciones de Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, que atacaba la profesionalidad de un presentador de televisión; o contra VOX por “provocar ataques verbales y físicos contra periodistas durante manifestaciones a nivel nacional en oposición a las políticas de la covid-19 del gobierno” o por "prohibir a algunos medios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales".
El documento del Departamento de Estado también nos tiene que hacer reflexionar sobre el aumento de los casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Cataluña y que indica que “esta comunidad se ha convertido en 'territorio peligroso' para los periodistas”. Hemos sido testigos del desprecio hacia el trabajo de nuestros compañeros en Cataluña durante las manifestaciones a favor de la “libertad de expresión” a raíz de la detención del rapero Pablo Hasél.
Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), muchas de las asociaciones que la componen, así como ONG como Reporteros Sin Fronteras han denunciado, rechazado, criticado, acusado, reprobado, censurado estas declaraciones y actitudes que hemos comentado, entre las que destacaban las de “coaccionar e intimidar” a periodistas, pero esa contundencia fue respondida prácticamente con la indiferencia por los actores principales de las mismas.
Pero que pongan negro sobre blanco esta situación desde otro país ya no provoca esa impasibilidad. Así, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ha manifestado: “No es un informe ni una amonestación. Niego la mayor y particularmente niego que la administración Trump le pueda decir nada a un país como el nuestro” y Arantxa González Laya, responsable de Exteriores, ha declarado: “No debe entenderse como un ataque”.
Yo no sé cómo lo deben entender otros, pero cuando Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones que defienden la libertad de prensa señalan sobre el informe que “las restrictivas leyes de prensa del país (España) y su aplicación han concluido en censura y la autocensura de periodistas", yo lo entiendo perfectamente. Que no se nos vaya de las manos.
