El monumento de la Torre Placia, reconocida como BIC junto al conjunto de las Torres de la Huerta. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El largo periplo administrativo para poder ejecutar el traslado de la conocida como Torre Placia llega a su final. Salvo contratiempo improbable, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (el bipartito compuesto por PP y Cs) prevé adjudicar en menos de dos semanas el contrato de asistencia técnica que resulta necesario para llevar a cabo la tarea de supervisión de los trabajos de desmontaje y reubicación del monumento.
En principio, esa tarea de control (la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de traslado y restauración) debe quedar en manos del gabinete N6-Arquitectura, después de que su propuesta haya resultado ya seleccionada como la más ventajosa para los intereses municipales (la más económica) en la clasificación de las ofertas aprobada este martes en Junta de Gobierno. De hecho, N6-Arquitectura solo debe aportar ahora la garantía definitiva exigida para la ejecución del contrato, con lo que se convertirá en adjudicataria de esa tarea, después de que se haya tenido que impulsar hasta dos licitaciones distintas para poder encomendarla (la primera quedó desierta).
La contratación de esa asistencia técnica era el último paso que estaba esperando la empresa a la que se le adjudicó la tarea de traslado y restauración de la torre, Estudio Método de la Restauración, desde hace más de un año, en octubre de 2019. La oferta de esta compañía fue la mejor puntuada en el concurso en base a su propuesta técnica, en la que planteaba un desmontaje pieza por pieza. Así, resultó adjudicataria de los trabajos por un precio de 1,48 millones y un plazo de ejecución de seis meses.
En esta línea, todo parece indicar que los trabajos podrían quedar terminados a mediados de 2021, con la reubicación de la torre en una parcela de zona verde situada entre las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Albadalejo, y la calle Juana Francés. Será entonces cuando se podrá dar por finalizado un proceso de litigio y de negociaciones para la adquisición del inmueble que se ha prolongado durante 16 años. Fue en 2004 cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) declaró nula la licencia concedida para la construcción de un residencial en el entorno de protección de la torre, reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) junto a las edificaciones defensivas que conforman el conjunto de las Torres de la Huerta.
El fallo conminaba a ejecutar la demolición de esas viviendas e indemnizar a sus propietarios, lo que llevó al Ayuntamiento a plantear el traslado de la torre a un emplazamiento próximo como solución alternativa, con el fin de minimizar el impacto económico sobre las arcas municipales. Así, después de conseguir que el TSJ aceptase esa fórmula como medio de ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento logró que el consejo de ministros autorizase el traslado del monumento, después de haber acordado su compra con sus propietarios por 1,7 millones.
