VALÈNCIA, (EFE). El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que el nuevo límite de gasto no financiero del Estado para 2018 que aprueba este lunes el Gobierno central es "incumplible" y ha asegurado que el Consell no hará "ningún nuevo recorte" sino que ampliará "derechos".
Puig ha hecho estas declaraciones hoy en el Museu del Taulell Manolo Safont de Onda, a preguntas sobre la intención del PSOE de no apoyar los nuevos objetivos de déficit y deuda que se debatirán en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de julio.
El president ha explicado que la Generalitat ya anunció en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada que estaba en desacuerdo con este techo de gasto.
El Gobierno central, ha explicado, "decide unilateralmente cuál es el objetivo de déficit de cada Administración y en estos momentos es algo absolutamente irracional, porque las comunidades autónomas, que somos quienes gestionamos tres de los cuatro pilares del Estado del bienestar, no podemos estar permanentemente forzadas a los recortes".
"Hemos parado los recortes pero eso implica una dificultad enorme en las finanzas", ha añadido para explicar que "hay 44.000 millones de euros de deuda, que es producto de una gestión determinada y la infrafinanciación".
Según el jefe del Consell, todos los expertos "saben que esta infrafinanciación afecta de una manera primordial a la Comunitat Valenciana".
"Mientras no haya un cambio en el modelo de financiación es imposible seguir la senda del objetivo de déficit que nos exigen porque es injusto. El Gobierno de España no puede repartir y quedarse con la mejor parte del objetivo de déficit, que es lo que hace", ha aseverado.
Ese objetivo "sabemos que es incumplible y no vamos a hacer ningún nuevo recorte" porque "no lo hemos hecho en estos dos años ni lo vamos a hacer, sino que vamos a ampliar derechos", según Puig.
A su juicio, "el problema de la Comunitat Valenciana no es de que gastemos más, sino que gastamos menos que la media nacional e incurrimos en déficit, y eso este Consell no lo va a permitir".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal