VALÈNCIA. (EP). La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado este lunes que España debería llegar a 2022 ó 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del 'baby boom'.
Durante su intervención en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Valerio ha subrayado que no hay que tener una "visión catastrofista" de la Seguridad Social, a pesar de que el Fondo de Reserva está "bastante tocado" y el sistema, endeudado.
"Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema", ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado.
Por el lado de los ingresos, Valerio ha reconocido que el impuesto de transacciones financieras, con el que se prevén recaudar unos 850 millones de euros al año para financiar el sistema de pensiones, solo dará para un "aperitivo discreto". "Hay que inyectar ingresos porque no vale sólo con el impuesto de transacciones financieras", ha remarcado.
En todo caso, ha insistido en que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan y el mes a mes de las pensiones se paga con lo que cotizan los trabajadores cada mes. "El problema lo tenemos para afrontar el pago de las pensiones extraordinarias de junio y diciembre y ahí es donde tenemos que apostar por más empleo, de más calidad, más salarios, cotizaciones y por más personas trabajando", ha añadido.
En este sentido, ha afirmado que el acuerdo de negociación colectiva que firmaron sindicatos y empresarios mejorará las condiciones de vida de los trabajadores y "tirará para arriba" de las cotizaciones. Además, para lograr mayores ingresos para el sistema, "habrá que plantearse cómo y de qué manera se toca la base máxima", seguir luchando contra el fraude y obtener mayores recursos vía ingresos tributarios, ha explicado.
"Debemos pensar que vamos a ser capaces de reflotar el sistema de la Seguridad Social (...) Los jóvenes deben animarse a cotizar en este sistema porque ellos cobrarán también pensión y se la pagarán sus hijos y nietos", ha apuntado la ministra.
Valerio ha asegurado que el reto principal del sistema de pensiones es garantizar su derecho a las generaciones actuales y futuras y ha confiado en que la Comisión del Pacto de Toledo llegue a un acuerdo para renovar sus recomendaciones.
Preguntada por si tiene pensado elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años establecidos en la última reforma de pensiones, la ministra ha subrayado que esa reforma todavía está desplegando sus efectos (no se llegará a los 67 años hasta 2027) y que, en todo caso, la propia ley establece que esta medida, junto con otras como el periodo que se utiliza para calcular las pensiones y la cotización para cobrar el 100% de la pensión, se irán revisando.
Por otro lado, sobre la implantación de la 'mochila austriaca' (cuenta individual de un trabajador que éste puede utilizar tras un despido, para su jubilación o para montar un negocio propio), la ministra no se ha mostrado contraria a esta medida a priori y ha indicado que es un tema que está sobre la mesa de negociación.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas.
Durante su asistencia a los 'Desayunos Informativos de Europa Press' para atender a la intervención de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, Granado ha confirmado que para calcular esta compensación este año se tomará como referencia el IPC interanual de diciembre, que el Gobierno prevé que finalice en el 1,9%.
Ello supondría una desviación de tres décimas sobre la subida de las pensiones de este año, del 1,6%, por lo que la paga compensatoria a los pensionistas tendrá un coste cerca de 386 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar por tres los 128,6 millones que cuesta cada décima de desviación sobre el IPC.
En caso de que la desviación de precios se consolidara en la nómina de las pensiones, un asunto que todavía no está del todo claro, estos 386 millones de euros se duplicarían y el coste total de la compensación rondaría entonces los 772 millones de euros.
De estos 772 millones, la mitad se destinarían a compensar a los pensionistas por la desviación de precios (es decir, a lo que se conoce como la "paguilla") y el resto a consolidar en nómina la desviación del IPC.
