El empresario Enrique Ortiz, a las puertas de la Audiencia, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Audiencia Provincial ha reanudado este lunes el juicio sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, con la continuidad de la prueba pericial. Después de una semana de suspensión del proceso, la comparecencia más extensa de la sesión de este lunes ha sido la ofrecida por el arquitecto municipal adscrito al servicio de Gestión Urbanística, Sergio Mansanet, quien ha confirmado las conclusiones de su estudio de tasación sobre el valor que habrían adquirido las propiedades del empresario Enrique Ortiz con los cambios introducidos en la revisión del PGOU de 2010.
En esta línea, ha concretado que, con ese nuevo planeamiento, solo los terrenos de los que el constructor disponía en la partida de Fontcalent se habrían revalorizado en 24,5 millones, tras la previsible adscripción de derechos de edificabilidad en el sector de las Torres de la Huerta. Según ha explicado, se trataba del ámbito de mayor superficie y, en consecuencia, el que más probabilidades tendría de quedar adscrita cualquier propuesta de desarrollo urbanístico que se presentase, aunque ha añadido que habría otros emplazamientos posibles para que se produjese esa adscripción.
En realidad, en las conclusiones de ese informe pericial elaborado por el arquitecto municipal, se concretaría que el conjunto de suelos de Ortiz que habrían cambiado de clasificación con el nuevo PGOU, se habrían revalorizado en una suma global de 42 millones, según ha concretado al término de la vista el letrado de la acusación particular, José María López Coig, en representación del Ayuntamiento.
Según el técnico, en ese informe solicitado por esa representación letrada, se compara el valor de tasación de las propiedades de Ortiz en función del PGOU de 1987 (todavía vigente) y el aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en 2010, en el que se preveía el cambio de clasificación de parte de esos suelos: de rústicos a urbanizables. Entre ellos, además de los cambios que habrían registrado el suelo de Fontcalent, también se incluiría la reclasificación de suelos en el sector de Lomas del Garbinet al margen de los ya previstos en la sentencia dictada por el TSJ en 1993.
Eso sí, a preguntas de las defensas, Mansanet ha admitido que su informe de valoración se fundamentaba en la hipótesis de que ese nuevo PGOU bajo sospecha hubiese llegado a entrar en vigor. Es decir, un supuesto que no llegó a producirse, puesto que el Ayuntamiento desistió de su tramitación a principios de 2015, después de que se produjese la dimisión de la exalcaldesa, Sonia Castedo. Así, el técnico ha confirmado que, en la actualidad, las conclusiones de ese informe no tendrían validez, en la medida en que ese planeamiento no llegó a tener aplicación, pese a que el Ayuntamiento sí solicitó a la Generalitat que lo aprobase, como ha recordado Mansanet.
El arquitecto admite a preguntas de las defensas que las conclusiones de ese informe de valoración no tienen validez actual puesto que el planeamiento bajo sospecha no llegó a entrar en vigor
Al margen de su declaración, la primera comparecencia ha sido la ofrecida por el jefe del servicio de Gestión y Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Luis Rodríguez, quien se ha limitado a ratificar el informe solicitado por los responsables de la Concejalía de Urbanismo, durante la etapa en la que las competencias recaían en el exedil de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en el que se precisaba el importe real de los trabajos ejecutados en el estadio José Rico Pérez y el retraso en la fecha de su realización. Se trata de la reforma comprometida en el pliego de condiciones de la subasta del estadio, celebrada en 2007, a la que solo concurrió la sociedad Aligestión, encabezada por Ortiz, entre otros empresarios. Esos trabajos de reforma debían alcanzar un valor de 4,2 millones.
Ese informe sobre el Rico Pérez también figura en la causa a instancias de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento. No obstante, el tribunal no ha permitido que Rodríguez testificase en calidad de perito, ya que su trabajo fue un estudio interno elaborado a petición del Ayuntamiento y, por lo tanto, no podía considerarse como prueba pericial.
Por último, en la sesión ha declarado el ingeniero de telecomunicaciones José Luis Prieto, quien elaboró un informe sobre la grabación captada por el empresario oriolano Ángel Fenoll con las que se dio inicio a la causa matriz del caso Brugal sobre el presunto amaño de la adjudicación del contrato de residuos de Orihuela. Prieto ha explicado que emitió su informe a petición de la empresa Urbaser, supuestamente perjudicada por el presunto amaño del contrato del que se hablaba en esa conversación entre Fenoll y un exconcejal oriolano. En esta línea, ha confirmado que desconocía el origen de esa grabación y que nunca manejó el archivo original, ya que lo que le entregaron para que pudiese emitir su análisis fue una copia en CD. Además, ha explicado que la conclusión que él pudo extraer al respecto es que esa grabación estaba editada y manipulada, tras identificar al menos 12 cortes distintos.
La causa se dirige contra los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (ambos del PP), además de contra el empresario Enrique Ortiz, entre otros seis procesados. La Fiscalía sostiene que los dos expolíticos concedieron un trato de favor al conocido constructor en la redacción del nuevo PGOU de la ciudad durante su fase de redacción. A cambio, según el sumario, el empresario habría ofrecido supuestas prebendas a los dos exdirigentes. Entre ellas, entregas de dinero en metálico, viajes pagados a Andorra, Ibiza y Creta y un vehículo modelo Mini Cooper.
