La fiscal explica que observa un posible delito de prevaricación en concurso con malversación y falsedad documental
VALÈNCIA. La conocida como Gürtel del PSPV, que investiga en cuatro juzgados los contratos y ‘pelotazos’ de la empresa Crespo Gomar vinculada a la financiación del PSPV comienza a tomar forma. Y esa forma no es nada favorable al PSPV ni, por ende, al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. La información va saliendo con cuentagotas, pero va saliendo. Según un informe de la fiscal al que ha tenido acceso Valencia Plaza de una de las piezas que se instruye en Madrid, la que afecta al presunto amaño de un contrato en el Ministerio de Vivienda en 2009, “se observa un posible delito de prevaricación en concurso con malversación y falsedad documental”.
La causa la instruye en Madrid la magistrada María de las Mercedes Pérez Barrios, que ha incoado diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos y ha imputado a tres responsables de la Mesa de Contratación de dicho ministerio, a los que ha citado a declarar el próximo viernes en calidad de investigados. Las personas que deberán acudir al juzgado son Rosario G. V. y Sandra S. F., respectivamente presidenta y secretaria de la mesa de contratación, y a José María A. G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación.
La representante del Ministerio Público basa sus conclusiones en otro informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional de València, y en un segundo informe realizado por la Intervención General del Estado (IGAE) en el que “se ha detectado la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de un delito” en el contrato para la realización de la creatividad, y producción de una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012 que fue adjudicado a la empresa Gomar SL por 126.208 euros. Añade en su informe la fiscal que “Alberto Gomar es hijo de Antonio Gomar, el fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia”.
En cuanto al informe de la IGAE, al que también ha tenido acceso este medio, llama poderosamente la atención que el interventor afirma que “el contrato se licita bajo la forma de urgente, pero que más que una urgencia parece una imprevisión. Incluso el informe del interventor delegado en el ministerio señala que no se cumple la motivación que requiere la ley en los casos de urgencia”. Quien lo licita así es el director de gabinete de la ministra de Vivienda.
Pero además, en ningún lugar del expediente consta el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación, lo que supone una “inobservancia grave” en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa que, “pese a la existencia de documentación incorrecta de las empresas licitadoras, no se espera a subsanarlo para abrir la documentación técnica”, llegando a aparecer en el expediente información de una empresa que “no se presentó al concurso”. E incumpliendo el pliego de “forma más grave” se procede a la apertura de “la oferta económica sin disponer de los informes técnicos”.
Una de las empresas que se presenta, Thinking Forward, hace una baja en la oferta del 47,90 por ciento que la mesa tacha de “temeraria”. Ante esta situación, la empresa alega pero la mesa justifica su criterio en un informe que “no obra en el expediente”. Esto llama la atención porque la siguiente baja más sustancial es la de Gomar SL, que reduce en un 15 por ciento su oferta.
Otro de los puntos que el informe señala como incongruente es el que explica que la adjudicación definitiva del contrato se realiza el 29 de diciembre de 2008 y, ese mismo día se hace definitivo sin dejar ningún plazo para que el resto de empresas que se presentaron aleguen, algo que es ilegal. Es más, al día siguiente, 30 de diciembre, se presenta la factura a la que se le da la conformidad. El informe tacha cronología expuesta de “incoherente e imposible”.
El informe también asevera que “no constan las valoraciones técnicas” incumpliendo el propio pliego de condiciones que establece que, “previamente a la apertura de las ofertas económicas, la comisión procederá a la valoración de la documentación técnica”. Pero además, según el informe técnico, “se critica la oferta de Crespo Gomar, puntuado escasamente”.
