VALÈNCIA. En los dos últimos días se aproximaron las posturas entre PSPV y Compromís para resolver la delicada situación en el Ayuntamiento de Alicante: la formación valencianista venía exigiendo la marcha del alcalde, Gabriel Echávarri, al señalársele como investigado en dos casos distintos relacionados con un presunto fraccionamiento de contratos y con el despido de la cuñada del concejal popular Luis Barcala, empleada del consistorio.
Un proceso largo y delicado que ha mantenido en vilo el acuerdo de gobierno local del que también forma parte Guanyar Alicante -donde se encuentra Podemos- y que no se ha integrado ni en las negociaciones ni en el acuerdo final. Y es que, este jueves se llegó a una entente sobre la refundación del pacto que concede una tregua a Echávarri hasta final del año para, si las causas que tiene pendientes decaen, pueda seguir como alcalde. En caso contrario, habría que buscar sustituto.
Al margen de las cuestiones judiciales, resulta evidente que la sintonía entre Echávarri y sus socios de gobierno no ha sido buena desde el inicio del mandato. Esta es la otra razón, quizá incluso de mayor peso, para la ofensiva realizada por parte de los compañeros de viaje del alcalde de Alicante. Pese al cese de las hostilidades acordado, está por ver como cicatrizan las heridas del pulso acaecido en estas últimas semanas.
Curiosamente, mientras se apagaba el incendio en la ciudad más grande donde tiene el mando el PSPV-PSOE, se iniciaba otro en València capital, la localidad más importante que controla Compromís. Los roces en el Cap i Casal se están reiterando a lo largo del mandato, con pocas etapas de mayor tranquilidad y otras que han rozado la guerra abierta sobre todo entre Compromís y PSPV, las formaciones que además tienen un acuerdo en el gobierno de la Generalitat.
En este caso, el último conflicto ha surgido a colación de la decisión del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), de peatonalizar la Plaza del Ayuntamiento. Una iniciativa que, según fuentes socialistas, no ha sido consultada con su grupo y que afecta a las competencias de áreas que controla el PSPV como es el caso de Urbanismo. "Estamos hartos", llegaron a señalar fuentes socialistas ante la iniciativa del edil, una situación de malestar que ya se ha producido con otras decisiones de este tipo, como por ejemplo, con la peatonalización del entorno de La Lonja y el Mercado Central.
La marejada no apunta a amainar en las próximas semanas, pese a que el propio alcalde, Joan Ribó, quitaba hierro al asunto este jueves. El diseño y aprobación de los presupuestos municipales para 2018 es otra prueba de fuego para las relaciones entre los tres socios del Govern de la Nau (PSPV, Compromís y VLC en Comú), que ya han sufrido desavenencias a la hora de acordar las cuentas sin ir más lejos el pasado ejercicio.
Pese a que desde ambas fuerzas políticas muestren su rechazo a que pueda producirse un 'contagio' por lo que ocurre en otras localidades -caso de Alicante- o que las discusiones internas puedan tener repercusiones en el pacto autonómico, la realidad es que los problemas -sin ir más lejos, en el sur- han tenido que ser resueltos con la intervención de los dirigentes regionales de los partidos, algunos de los cuales incluso ya participaron en las negociaciones del Pacto del Botánico.
Así pues, todo apunta a que los acuerdos locales en estas dos capitales de provincia deberán ser monitorizados por PSPV y Compromís dado el riesgo de discrepancias que conlleven una posible ruptura. De hecho, no son pocos los que consideran que alguno de estos conflictos pueda ser la espoleta de un gran batalla en el propio acuerdo autonómico: una circunstancia que, conforme se acercan las elecciones de 2019 y, por tanto, el deseo de destacarse de ambas formaciones, se antoja más probable.
